Un nuevo capítulo en la discusión por los tarifazos se inició este jueves tras la reunión que mantuvieron el titular de la Defensoría del Pueblo, Guido Lorenzino, y el juez Arias con representantes del Ejecutivo provincial para dar lugar a una presentación contra el aumento de tarifas a la luz.
El encuentro tuvo lugar en las oficinas del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata, donde Arias y Lorenzino realizaron la presentación frente a representantes del Organismo de Control de Energía Eléctrica de Buenos Aires (OCEBA) y plantearon que cualquier aumento venidero en las tarifas de luz debe “tener relación con el aumento de los salarios para que la gente la pueda pagar”.
“Si hay un desfasaje en las tarifas, entonces deben aumentar. El problema es si el usuario puede pagarlas o no. Las tarifas deben ser razonables, que el usuario deba abonarlas sin que ello represente un porcentaje importante de su salario. Si no, tenemos pobreza energética, con pobres energéticos”, dijo el juez en los Contencioso Administrativa, y sostuvo que si las tarifas exceden la capacidad de pago de los usuarios, deben ser subsidiadas.
Según estimó el Ejecutivo a través de un informe, el aumento de tarifas en la Plata en los usuarios residenciales alcanzarían un impacto del 125%.
“Hay que ver, por ejemplo, las inversiones que están o no haciendo las empresas. Aquí se están cobrando, dentro de la tarifa, las inversiones sin que se estén haciendo. La empresa primero cobra y después invierte, eso realmente no sufre ningún riesgo empresario y, por el contrario, genera un negocio financiero fenomenal”, dijo el juez Arias en la conferencia.
Por otra parte, sostuvo que “los incrementos tienen que ser graduales” y que “no se puede pretender hacer pagar a los bonaerenses en quince meses lo que no se hizo en años”.
Como última medida, el Defensor se refirió a la protección de los sectores más vulnerables y presentó la necesidad de ampliar “al doble el consumo que hoy tiene la tarifa social”.
En tanto, la cautelar dictada por Arias contra el tarifazo el año pasado sigue vigente y las empresas tienen la “obligación de refacturar” en caso de haber emitido la boleta con aumento. “No obstante, yo no puedo garantizar que la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata no revoque mi decisión, porque cada vez que hay un fallo adverso a los intereses del Gobierno provincial la Cámara lo revoca”, ironizó el juez.
Tanto Luis Arias como otros abogados en representación de asociaciones civiles habían determinado, durante la serie de aumentos de tarifas energéticas del año pasado, que los incrementos no podían llevarse adelante sin audiencias públicas previas.
“Para superar estas situaciones hay que seguir las instancias oportunas para llegar a la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires”, añadió el magistrado.
Cabe destacar que la causa llevada adelante por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) de La Plata el año pasado logró anular el aumento que había establecido el Gobierno sobre la tarifa de gas para los usuarios residenciales.
