El policía Luis Chocobar fue condenado a dos años de prisión por el asesinato de Pablo Kukoc, de dieciocho años, a quien mató en diciembre de 2017 luego de que el joven participara del asalto a un turista estadounidense en el barrio porteño de La Boca. El efectivo fue sentenciado bajo la figura de «homicidio con exceso en el cumplimiento de un deber» y también recibió una inhabilitación especial por cinco años para desempeñarse en funciones con la utilización de un arma de fuego.
La decisión fue adoptada por el Tribunal Oral de Menores (TOM) N° 2, y los jueces Fernando Pisano, Jorge Apolo y Adolfo Calvete darán a conocer los fundamentos del fallo el 10 de agosto. El fallo coincidió con el delito solicitado por la fiscal del caso, Susana Pernas.
La resolución judicial generó reacciones diversas. El abogado defensor de la familia de Kukoc, Pablo Rovatti (quien también es integrante del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación), consideró que la condena fue «demasiado leve para la enorme gravedad de la conducta que se probó en el juicio».
En tanto, el abogado también remarcó que el tribunal «dictó una condena» y que eso «quiere decir que los jueces consideraron que lo que hizo Chocobar es un crimen, que ningún policía puede hacer lo que hizo Chocobar, que eso está prohibido y es delictivo». Por ello, el representante legal del joven fallecido recurrirá el fallo ante la Cámara de Casación.
Por su parte, desde el gobierno también se refirieron a la resolución del caso, que en los últimos años se ubicó como uno de los principales exponentes de gatillo fácil ocurridos durante la gestión de Mauricio Macri en la Presidencia de la Nación.
«Un Tribunal Oral acaba de condenar a Chocobar por el homicidio de Pablo Kukoc. Más allá de lo exiguo de la pena, ha quedado claro que su accionar no fue ningún ejemplo, sino que constituyó un delito que terminó con una vida, que hubiera merecido un juicio justo», expresó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, tras tomar conocimiento del fallo de la Justicia.
«Desde diciembre del 2019 estamos trabajando para que las fuerzas de seguridad nos protejan como ciudadanos, cumpliendo la ley y los protocolos de actuación», dijo Pietragalla, y agregó: «Nadie puede disparar y matar si no está en riesgo su vida o la de un tercero. Las ejecuciones sin juicio no forman parte de un Estado de derecho».
El caso se remonta a diciembre de 2017, cuando Juan Pablo Kukoc participó de un asalto junto a otro joven en el barrio porteño de La Boca, donde hirieron con un puñal a un turista estadounidense. Tras escapar, se cruzaron con Chocobar, quien estaba fuera de servicio y disparó contra Kukoc con su arma reglamentaria. En principio, el efectivo sostuvo que había sido en defensa propia al creer que el joven «iba a atacarlo», pero la investigación demostró que los disparos fueron por la espalda.
«Decisiones como la que acaba de tomar el Tribunal diluyen la responsabilidad policial por las muertes con armas reglamentarias, consolidan mensajes erróneos sobre el uso de la fuerza letal y generan escenarios de impunidad para futuros hechos de abuso policial», expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) respecto del fallo.
«A pesar de que Chocobar dijo que Kukoc lo quiso atacar con un cuchillo, la prueba demostró que sus disparos fueron por la espalda, mientras corría para escapar del policía. Ni la vida de Chocobar ni la de otres corría peligro cuando decidió disparar repetidas veces y matarlo», manifestó el organismo de derechos humanos, y agregó: «Cuando la policía asesina con un arma letal a una persona que no era una amenaza a su vida o a la de terceros, se produce lo que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos considera una ejecución extrajudicial. Estas prácticas están prohibidas y sus responsables deben ser sancionados».
Cabe recordar que la figura de Luis Chocobar y su papel en el caso generaron una fuerte trascendencia en el contexto político en que ocurrió el hecho. En plena era de gobierno de Cambiemos, el efectivo policial ahora condenado fue recibido y felicitado por el entonces presidente Mauricio Macri y su ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esta última incluso llegó a acuñar la mentada «doctrina Chocobar» para definir el paradigma de seguridad del macrismo, que dejaría de «victimizar a los delincuentes». Este gesto sentó un peligroso antecedente en materia de lucha contra la violencia institucional.
Desde entonces, la figura de Chocobar se convirtió en un emblema de reivindicación de los sectores más reaccionarios y punitivistas de Juntos por el Cambio, cuyo exponente presencial fue ubicado en Patricia Bullrich, pero continuado por Macri, el diputado Waldo Wolff o la legisladora bonaerense Carolina Píparo.
Días después de que Macri recibiera a Chocobar en la Casa Rosada, Contexto pudo conversar con Ivonne Kukoc, madre del joven asesinado. En ese momento, en pleno inicio del pedido de justicia por su hijo, expresó: «Si vamos a permitir que toda persona que actúe mal muera en brazos de la policía, creo que va a ser una guerra campal. Tanto policías como delincuentes se van a anticipar: antes de que me peguen un tiro, se los pego yo primero».
