En el Día de la Militancia, a las 17:40, el gobierno nacional envió al Congreso de la Nación el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), una de las promesas de campaña de Alberto Fernández. «Que sea ley», pidió el presidente.
La iniciativa del Ejecutivo nacional, denominada «Regulación del Acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención postaborto», fue enviada junto con el «Plan de los Mil Días», que establece un mayor acompañamiento en las maternidades. Para Fernández, son «dos proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral».
Respecto a la primera iniciativa, resaltó su compromiso asumido en campaña y ratificado ante la Asamblea Legislativa y manifestó estar «convencido que es responsabilidad del Estado cuidar la vida y la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo durante los primeros momentos de su desarrollo».
«La legalización del aborto salva vidas de mujeres y preserva sus capacidades reproductivas, muchas veces afectadas por abortos inseguros. No aumenta la cantidad de abortos ni los promueve. Solo resuelve un problema que afecta a la salud pública», manifestó.
«El debate no es decirle ‘sí’ o ‘no’ al aborto. Los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten. Por lo tanto, el dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino», argumentó el presidente, quien sobre el final pidió «un debate franco que se desarrolle en el marco del diálogo democrático».
«El dilema que debemos superar es si los abortos se practican en la clandestinidad o en el sistema de salud argentino»
Alberto Fernández
«Por convicción personal, estoy seguro que estamos dando respuesta a una realidad que afecta a la salud pública y que con ello estamos ampliando derechos en una sociedad que así lo demanda. Que sea ley», concluyó.
La iniciativa contempla el derecho de las mujeres y personas con otra identidad de género con capacidad de gestar a interrumpir el embarazo hasta la semana catorce inclusive del proceso gestacional. Fuera de ese término, la persona tendrá derecho «a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo» solo en las condiciones que hoy habilita el actual protocolo de Interrupción Legal del Embarazo.
El proyecto de ley establece que el derecho a la interrupción debe garantizarse en un plazo de diez días de requerido mediante un consenso informado. Asimismo, la persona solicitante podrá tener una consejería, la cual no es de carácter obligatorio.
En el caso de las personas gestantes menores de trece años, la iniciativa del gobierno establece que el consentimiento informado deberá realizarse con la asistencia de sus progenitores/as o representantes legales. En el caso de adolescentes de entre trece y dieciséis años, «se presume que cuentan con aptitud y madurez suficiente para decidir la práctica y prestar el debido consentimiento».
Otro de los puntos es la denominada objeción de conciencia. La misma podrá ser de carácter individual, pero no institucional; el o la profesional de la salud deberá mantener su posición en todos los ámbitos donde ejerza su trabajo y deberá derivar a su paciente para que se le garantice el derecho. «El incumplimiento de los requisitos para ejercer el derecho de objeción de conciencia dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda», señala el texto.
Asimismo, establece que la atención debe estar contemplada en el Plan Médico Obligatorio, con cobertura total, junto con presentaciones de diagnóstico, medicamentos y terapias de apoyo. Es decir, que todas las obras sociales deben garantizar su prestación, así como también los espacios de salud pública.
El gobierno de Fernández también puso el foco en la Educación Sexual Integral (ESI), asegurando que el Estado, las provincias y los municipios tienen que velar por su aplicación, «estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población». Este, junto con la legalización y la gratuidad, es uno de los puntos centrales que encabezan el lema de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Luego de conocerse el proyecto, la Campaña celebró la presentación del proyecto del gobierno nacional y ratificó el pedido de que se trate de inmediato a la par del proyecto que presentaron en 2019. Asimismo, adelantó que el miércoles se realizarán «medio centenar de caravanas, pañuelazos, bicicleteadas a intervenciones» en todo el país para exigir que comience el tratamiento.
«Un proyecto nacional y popular que abraza la causa feminista»
Tras la presentación de ambos proyectos, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró que hay un compromiso político por parte del gobierno nacional en construir un Estado presente, que acompañe a todas las mujeres, sea cual sea la decisión que tomen, y garantice el acceso a la salud.
«Estos dos proyectos de ley que estamos enviando al Congreso de la Nación son complementarios y promueven una mayor justicia social e igualdad de oportunidades, amplían derechos y establecen que el Estado debe acompañar a las mujeres en sus decisiones, cuidando sus vidas y su salud de manera integral. Tenemos la obligación de cuidar la integridad física de las mujeres en todos los casos, evitar muertes por abortos clandestinos y acompañar a todas aquellas que desean continuar con sus embarazos y se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, para que puedan cumplir con su deseo de maternar y que ellas y sus hijos e hijas cuenten con el acompañamiento de un Estado presente», explicitó la ministra.
«Como Estado debemos garantizar el derecho a la salud integral de todas las personas en condiciones de igualdad. Hacerlo es una cuestión de salud pública, pero también de justicia social. El Estado tiene la responsabilidad de prevenir la mortalidad generada por abortos inseguros que afectan principalmente a los sectores populares», señaló la ministra.
Y agregó: «Frente a un problema serio de salud pública, la respuesta no puede ser individual y según los recursos económicos de cada persona, sino que debe haber un Estado presente que acompañe y equipare las condiciones de posibilidad y el acceso a los servicios de salud».
«Debe haber un Estado presente que acompañe y equipare las condiciones de posibilidad y el acceso a los servicios de salud»
Elizabeth Gómez Alcorta
Por su parte, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad Sexual de la provincia, Estela Díaz, celebró el anuncio, el cual «nos sitúa en un lugar donde queremos que esté la política. Es muy importante que el presidente sea consecuente con el compromiso que asumió al iniciarse la agenda legislativa».
«Hay un movimiento enorme en la Argentina que es innegable, una Campaña por el Derecho al Aborto que lleva más de quince años. En la habilitación del debate en el 2018 se completó un fenómeno que había empezado en el 2015 con el #NiUnaMenos, que fue la inmensa movilización, masividad, juventud, la marea verde y la revolución de las pibas, que ha logrado permear al conjunto social y llegar a todos los lugares», manifestó.
«El aborto es una deuda de nuestra democracia, es una deuda que tiene que ver con la salud, con la vida de las mujeres, pero también con la justicia social y con la igualdad. Es profundamente injusto que se siga condenando a las mujeres a la clandestinidad del aborto, que además sigue siendo un terreno de la desigualdad social. Un proyecto nacional y popular que abraza la causa feminista tiene que favorecer este debate, esperemos que pronto ya sea el turno del Congreso Nacional y, como dice el lema, que sea ley», concluyó Díaz.
