Por Roberto Álvarez Mur
Las declaraciones del asesor de diputados de la Coalición Cívica Luciano Bugallo a través de Twitter respecto del feminismo y del aborto pusieron una vez más en evidencia el peso del sentido común machista. Al unísono con la sexta presentación por una ley nacional de aborto legal y seguro, el militante PRO publicó en la red social: “Las mismas que salen con el cartelito de Ni Una Menos, ahora apoyan el Aborto Legal. Ellas deberían haber sido abortadas, pero están vivas”. La publicación despertó un repudio generalizado. Asimismo, Bugallo decidió insistir en Twitter, donde manifestó que por estar en contra del aborto “las feminazis lo menos que me desean es la muerte”, y que “ahora se entiende todo más claro”.
En torno a las aseveraciones misóginas y estigmatizantes, el diario La Nación se contactó con voceros de la Coalición Cívica para asegurar la pertenencia o no de Bugallo a las filas de Carrió, acaso en señal de un “derecho a réplica” para desprender al macrismo de una actitud insostenible.
No obstante, ni las explicaciones de Cambiemos ni la eliminación de los twits bastaron para fenar el repudio a los comentarios de Bugallo. Desde el sitio en Facebook de #NiUnaMenos expresaron: “Los varones reaccionarios y misóginos están en todos lados. Y son igual de peligrosos en todos los espacios que transitan. Como Luciano Bugallo, asesor de la Camara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires y referente del espacio político de Elisa Carrió. Repudiamos sus dichos a través de Twitter. Y no le pedimos que se retracte porque seguramente seguirá pensando lo mismo. Le pedimos que se informe: en 2014 murieron, al menos, 48 mujeres por abortos inseguros. Muchas otras están presas. Nosotras no queremos más muertas por abortos, ni presas. Y nadie nos va a callar”.
Con su característica ironía, la humorista Charo López expresó a través de las redes: “Un saludo muy especial a todos los que están en contra de todos los abortos menos del que debería haber hecho mi madre con mi persona”.
En diálogo con Contexto, la periodista y especialista en género Hinde Pomeraniec decidió de manera directa restarle el protagonismo mediático a las actitudes de Bugallo: “Cuando se trata de alguien así de intrascendente, porque ni siquiera es funcionario, creo que es preferible ni siquiera opinar. Es darle importancia e inflarlo”, indicó.
Por su parte, la psicóloga y escritora Miriam Maidana publicó un contundente artículo con la consigna “Yo estoy a favor del aborto legal”. Allí, la autora remarcó: “Yo estoy a favor del aborto legal en cualquier caso en que una mujer desee interrumpir su embarazo, porque entiendo que no deseaba en ese momento gestar. Es un tema de derechos civiles, una decisión íntima y debería ser escuchado y acompañado. Ojalá podamos celebrar un debate serio”.
En esta línea, la periodista y referente política del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti se pronunció sobre la misma temática a través de su espacio en Facebook:
“El aborto no es un tema moral o ético. Es una realidad, una causa de muerte y una cuestión a resolver por el sistema de Salud Pública. Es, también, un tema de derechos e igualdad, de reconocer a la mujer soberanía sobre su cuerpo y sobre su vida.”
El agravio de Bugallo contrastó de manera crucial con la presentación realizada el jueves por un centenar de agrupaciones feministas y de derechos humanos de una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. La norma que se intenta impulsar manifiesta el derecho de toda mujer a decidir la interrupción de su embarazo durante las primeras catorce semanas de gestación. Si bien los proyectos anteriores enmarcaban la legislación en las primeras doce semanas, el nuevo proyecto lo amplía “en consonancia con las leyes de otros países donde han despenalizado el aborto hace varios años, como por ejemplo, España”, según especificó la impulsora Marta Alanís.
Además, el proyecto aclara que, fuera de dicho plazo, cualquier mujer podría decidir abortar en caso de tratarse de un embarazo producto de una violación, si estuviera en riesgo la vida o salud de la mujer o bien si existieran malformaciones fetales graves. Por otra parte, el proyecto contempla que el Estado debe garantizar el acceso gratuito a estas intervenciones y que los sistemas de salud privados deberán incorporarlo a su cobertura como una más de sus prestaciones.
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