Por Fernando M. López
El Gobierno de Mauricio Macri parece apuntar al desgaste de las familias a las que privó de la soñada casa propia, sin previo aviso ni explicaciones de ningún tipo. La situación se da en todo el país y afecta a miles de beneficiarios que salieron sorteados para las distintas líneas de crédito que contemplaba el PRO.CRE.AR. hasta su reformulación, a mediados del mes pasado.
Los organismos competentes, como la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y el Banco Hipotecario, ente fiduciario del programa, no dan respuestas claras.
“El Banco sostiene que es un mero ejecutor, que no tiene nada que ver con la decisión de cortar los créditos, y te deriva a la ANSES. Pero cuando vas a la ANSES te dicen que es un problema del Banco”, comentó a Contexto Adrián Rodríguez, uno de los abogados que representa a los damnificados de La Plata.
En la capital bonaerense hay más de quinientas familias ya sorteadas en las líneas de construcción, refacción y ampliación de sus viviendas que no pueden acceder al crédito. La mayoría debió invertir recursos propios para urbanizar los barrios donde iban a edificar. Además de ese gasto, ahora tienen que seguir pagando los impuestos municipales y no pueden vender sus terrenos por estar destinados al PRO.CRE.AR.
En la capital bonaerense hay más de quinientas familias ya sorteadas en las líneas de construcción, refacción y ampliación de sus viviendas que no pueden acceder al crédito.
“El principal responsable de todo esto es el Estado nacional”, dijo Rodríguez, y se preguntó a dónde irán a parar las partidas presupuestarias aprobadas por el Congreso para los beneficiarios del programa: “Macri tiene la obligación de cumplir con la Ley de Presupuesto 2016, no puede desviar los 15.000 millones de pesos del PRO.CRE.AR.”.
Hasta ahora sólo se sabe que el Gobierno utilizará 5.000 millones para la primera etapa del “Solución Casa Propia”, su propia versión del programa crediticio, que sólo permite la compra de viviendas nuevas o usadas, a través de un sistema de puntaje y un importante aumento en las tasas de interés, ajustadas a la inflación.
El destino de los 10.000 millones restantes aún es un misterio, pero se sabe que Macri es un experto en subejecución presupuestaria cuando se trata de fondos para áreas o planes vinculados con lo social. Así lo demostró durante toda su gestión como jefe de Gobierno porteño y ahora replica el mismo modus operandi desde la Casa Rosada.
En el caso de los planes nacionales de vivienda, hasta el final del primer semestre sólo se había ejecutado un 20% de los 22.109 millones previstos para todo el año. Pero hay ejemplos más alarmantes, como el del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, que posee un presupuesto anual de 163 millones: en los primeros seis meses sólo se ejecutó el 0,86%.
En busca de soluciones
Tras organizarse y visibilizar públicamente la paralización del PRO.CRE.AR., los afectados de La Plata fueron recibidos por concejales y legisladores provinciales de la oposición. Una de las primeras en escucharlos fue Florencia Saintout, edil del FpV Nacional y Popular, quien la semana pasada manifestó su preocupación ante el Concejo Deliberante y logró que se aprobara un proyecto sobre el tema.
También mantuvieron un encuentro con Walter Abarca, Eva Ramírez y Valeria Amendolara, diputados del FpV-PJ que venían recogiendo reclamos similares de ciudadanos y organizaciones de otros distritos del territorio bonaerense.
El destino de los 10.000 millones restantes aún es un misterio, pero se sabe que Macri es un experto en subejecución presupuestaria cuando se trata de fondos para áreas o planes vinculados con lo social.
Estos legisladores solicitaron el lunes una audiencia “a la brevedad” con el director ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilbaso, y el titular del Banco Hipotecario, Eduardo Elsztain, para demandarles una respuesta y “generar un espacio de intercambio que permita encontrar soluciones”.
Además, se reunieron con el secretario a cargo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, Marcelo Honores, quien se comprometió a “acompañar los reclamos de los vecinos damnificados”. Los diputados le adelantaron que buscarán “el consenso de todas las fuerzas políticas para apoyar a los bonaerenses que están atravesando tan angustiante situación”.
San Nicolás
Por su parte, la senadora provincial Cecilia Comerio sigue de cerca el caso de San Nicolás, donde el Gobierno nacional frenó uno de los desarrollos urbanísticos del PRO.CRE.AR. más grandes del país, con alrededor de mil unidades proyectadas.
Lo que hasta el año pasado era un importante polo de trabajo para el sector de la construcción, hoy es un lugar completamente abandonado con 714 viviendas a medio terminar y la creciente incertidumbre de las familias adjudicadas.
“El Ejecutivo nacional debe dar una respuesta concreta y expresar reglas claras de juego, porque acá estamos hablando de familias que esperan su casa propia desde hace dos años.»
“Para todos los nicoleños es una tristeza ver cómo se están deteriorando esas viviendas conforme pasa el tiempo, sin una respuesta concreta de ninguna autoridad”, señaló la legisladora del FpV-PJ a este medio.
Comerio sostuvo que el Gobierno “no puede cambiar las reglas de juego” cuando existe “un derecho adquirido”, en este caso “el de las personas que salieron sorteada en un programa determinado del Estado”.
“El Ejecutivo nacional debe dar una respuesta concreta y expresar reglas claras de juego, porque acá estamos hablando de familias que esperan su casa propia desde hace dos años. Necesitan saber si las viviendas se van a terminar o no”, exigió.
