Antes de tomarse el avión a Davos, Suiza, donde se celebra el Foro Económico Mundial, el presidente Mauricio Macri firmó un nuevo decreto que declara la “Emergencia en Seguridad Pública” durante un año. Según informó el Gobierno, la medida está destinada a “revertir la situación de peligro colectivo” y con el objetivo declamado de “ir a fondo” contra el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico.
Para ello, entre varios ejes que aborda, el decreto establece la aprobación de las Reglas de Protección Aeroespacial, “cuya autoridad de aplicación serán las Fuerzas Armadas, orientadas a identificar, advertir, intimidar y hacer uso de la fuerza (como último recurso) a vectores incursores en el espacio aéreo argentino”. En otras palabras, podrán derribar aviones que sean ilegales y los encuentren sospechosos.
La llamada «Ley de derribo» fue una de las propuestas de Sergio Massa durante su campaña, una iniciativa cuestionada por violar las garantías procesales y el derecho a la defensa
La medida no hizo más que causar polémica y llamar a la oposición –y también a un sector afín a Cambiemos, como el Frente Progresista– a saltar en contra del decreto.
La llamada «Ley de derribo» fue una de las propuestas de Sergio Massa durante su campaña, una iniciativa cuestionada por violar las garantías procesales y el derecho a la defensa. El kirchnerismo la calificaba como una “pena de muerte sin juicio previo” cuando rechazaba los reclamos para implementarla.
Según los que se oponen a la iniciativa, argumentan que primero se opta por matar y luego por averiguar si esa persona era o no un criminal.
Algunos funcionarios del Gobierno, como Eugenio Burzaco, secretario de Seguridad, explicaron que la mayoría de los países de la región tienen una ley de protección del espacio aéreo, aunque no aclararon si es legítimo derribar aviones. También hablaron de “excepcionalidad”, donde el derribo de un avión sería una última instancia, porque también se busca radarizar la frontera o tener control sobre las pistas clandestinas.
Además, según la ministra de Seguridad, Patricia Bulrrich, el año pasado el centro de monitoreo de la Fuerza Aérea detectó cuatrocientos vuelos no identificados que no pudieron ser perseguidos.
Sin embargo, la diputada Margarita Stolbizer indicó que «hoy el negocio de la droga corre más por tierra y fluvial que aéreo, y cuando va en aviones sale por aduanas legales»; por lo tanto, señaló que «el derribo de aviones es un retroceso que no resuelve el problema del crimen organizado. Las medidas deben ser eficaces en sus objetivos». Además, dijo que «los países que tienen leyes de derribo no han disminuido el problema del narcotráfico», y que hay que «mirar aduanas, corrupción política y policial».
Por otro lado, algunos juristas, entre ellos Roberto Carlés, advirtieron que se podría violar la Ley de Seguridad Interior que prohíbe la intervención de las Fuerzas Armadas en casos como este, donde podrían ejercer facultades policiales. Carlés tuiteó: “La ley 24.059 (Seguridad Interior) sólo admite tres excepciones en las que las FF.AA. pueden intervenir en seguridad interior. Ninguna de esas tres excepciones es la prevención de delitos, sino circunstancias excepcionalísimas y de extrema gravedad”. Por último, sostuvo que “en México vemos qué es lo que sucede cuando se militariza la prevención del narcotráfico. Crece el narco, la violencia y la muerte”.
Otros poderes
Además de derribar aviones, la Emergencia en Seguridad Pública permite la entrada del Estado a los barrios donde, según Bullrich, “el narcotráfico es dueño y señor”. Además, crea el gabinete de Seguridad Humana, que tendrá a su cargo coordinar las tareas de las diferentes carteras en lo atinente a la emergencia, y autoriza al Ministerio de Seguridad a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad.
Además de derribar aviones, la Emergencia permite la entrada del Estado a los barrios donde “el narcotráfico es dueño y señor”
El Ministerio de Seguridad también celebrará un convenio con el Poder Judicial con el fin de interconectar el sistema de información de la Justicia nacional con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales. Y, a su vez, se conforma el “Operativo Fronteras” en reemplazo del “Escudo Norte”, que faculta a Marcos Peña –jefe de Gabinete– a modificar partidas presupuestarias para la compra del “material necesario” para vigilar las fronteras, la hidrovía, los puertos, y otros gastos.
