Organizaciones de la comunidad trans-travesti y del colectivo de la diversidad se manifestaron este jueves en 7 y 49, pleno centro de la ciudad de La Plata, para ratificar el rechazo al proyecto del intendente Julio Garro de relocalizar la zona roja del barrio El Mondongo hacia los límites de Berisso y Ensenada. Desde la comunidad reiteraron su desacuerdo con la medida, a la que califican como una operación para «criminalizar a las identidades».
«Este es un problema que Julio Garro tiene que resolver con todos los actores implicados. Tenemos vecinos de diversos barrios que no están a favor de este proyecto», expresó la referente de OTRANS, Claudia Vásquez Haro, en el marco de la movilización hacia la Municipalidad donde participaron decenas de organizaciones de la diversidad, políticas y sociales.
Apenas tres semanas atrás fue anunciado el traslado de la denominada zona roja a la calle 122. La medida fue oficializada por parte de la funcionaria municipal Ileana Cid, en el marco de una reunión con organizaciones sindicales y de la diversidad.
En ese momento, Cid detalló que las trabajadoras sexuales y personas en situación de prostitución tendrían un plazo de quince días para trasladarse, lo que fue rechazado de manera categórica por todos los espacios presentes en la reunión, que remarcaron que «se trata de una medida que genera mayor exclusión y criminalización, particularmente a la comunidad travesti-trans, que representa el 80 % de las personas que se encuentran en la zona roja». El lapso presentado venció el 17 de abril.
«Julio Garro y su secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género, Ileana Cid, violan los derechos humanos de las personas travestis y trans», indicó Vásquez Haro este jueves en sintonía con el reclamo que convocó la movilización.
En el reclamo confluyen organizaciones como OTRANS Argentina, Marea Rosa (organización de la diversidad), Somos Diversxs La Plata, La Divina JP, Venganza Afectiva, Frente TLGBI de la provincia de Buenos Aires, comisión organizadora de La Marcha Provincial, Secretaría Académica de la FALGBT, AMMAR y la Convocatoria Federal de Travestis y Trans Argentina, así como también organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.
Las críticas hacia el proyecto se remontan a la sanción, en 2021, del nuevo Código de Ordenamiento Urbano, que, entre otros puntos, plantea delimitar los lugares permitidos para ejercer el trabajo sexual. El Código prevé, tal como los edictos policiales, severas penas a quien «ofreciere, solicitare, negociare o aceptare directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en los espacios públicos no autorizados».
En ese marco, desde la comunidad trans-travestis vienen denunciando las paulatinas acciones para marginar y perseguir al colectivo, no solo por responsabilizarlo de la inseguridad en la zona, sino por no generar políticas públicas de fondo que atiendan la vulneración de derechos a la que es arrojada la población travesti.
«¿Son las compañeras travestis y trans las responsables de la seguridad en el barrio?- que son sus argumentos a la hora de sancionar este proyecto con este artículo- No, no lo somos. Volvemos las personas travestis y trans a ser criminalizadas a través de códigos de Faltas que además limitan el uso del espacio público y qué espacio podemos o no ocupar», manifestó al respecto Galaxia Rod, de la organización Marea Rosa, semanas atrás.
