Cristina Fernández de Kirchner, que encabeza la intención de voto como precandidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, cerrará hoy su campaña electoral de cara a las primarias del próximo domingo. Lo hará en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLM), junto al resto de los integrantes de las listas de Unidad Ciudadana.
“Sectores del Gobierno y de la Justicia están alterados porque tenemos muy buena recepción en la gente”, dijo a Contexto la actual diputada nacional María Teresa García, quien va por una banca en el Senado de la provincia de Buenos Aires para ponerle un freno a las políticas de ajuste del presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal.
García calificó el mes de campaña para las Primerias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) como de “alto voltaje”, no sólo por la presencia de una candidata de “la calidad” como Cristina, sino por “una situación muy crítica” que no deja de golpear con fuerza a las grandes mayorías.
“Nuevamente subió el dólar y la Cámara de Supermercados ya adelantó que ese aumento se va a trasladar al precio de los alimentos, las facturas de la electricidad que han llegado este mes son altísimas y la garrafa social no se consigue en ningún lado. Tampoco hay medicamentos, sobre todo para enfermedades graves o terminales. Aunque no lo digan a viva voz, los bonaerenses sienten la necesidad de acotar los desmanes de este Gobierno”, remarcó al transmitir lo que se respira en los diferentes distritos.
La legisladora recordó que incluso en San Isidro, el municipio más rico de la Provincia, hubo un brote de tuberculosis, “enfermedad ligada a la pobreza extrema y a la falta de condiciones saludables de vida”. A pesar de la gravedad del tema, las autoridades sanitarias que responden al presidente Mauricio Macri retrasaron la compra de los medicamentos durante todo un año.
“Nunca vi tanta ausencia del Estado”, lamentó García y detalló que “de los cinco medicamentos que se indican para esta enfermedad, sólo se aumentaron las dosis del más barato”, pero las de los otros cuatro fueron reducidas “al 30%”.
“Ya he hecho una presentación en el Ministerio de Salud bonaerense y la Región Sanitaria V, pidiendo información en un plazo que vence, justamente, el lunes después de las PASO. Si la respuesta no llega, avanzaré con una denuncia penal contra el ministro Andrés Scarsi”, adelantó.
García también manifestó su preocupación por “el recrudecimiento del aparato represivo” y la criminalización de la protesta social, a medida que se profundiza “el desempleo, el hambre y la pobreza”; reclamó la “aparición con vida” de Santiago Maldonado, el joven de 28 años desaparecido el 1 de agosto pasado durante la feroz represión de Gendarmería contra la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de Cushamen, en Chubut; y pidió que el Gobierno de Macri que “resuelva la liberación de Milagro Sala, como determinó la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”.
Con vistas a la Legislatura
En cuanto a los desafíos que le esperan a Unidad Ciudadana tras las legislativas de octubre, la precandidata mencionó en primer término el Presupuesto 2018, donde habrá que evitar que Cambiemos imponga previsiones inflacionarias que no se ajustan a la realidad.
“El año pasado previeron una inflación del 17% y ya estamos rondando el 22% en el mejor de los casos”, sostuvo García y explicó que, con esto, Vidal afectó “el aporte a los programas en los municipios”, así como “la posibilidad de acceder a servicios básicos como salud y educación, que están altamente deteriorados”.
El endeudamiento será otro punto de batalla, ya que “Buenos Aires ha sido la primera provincia que ha tomado deuda al 9%, una tasa altísima en el mundo”, y la que más emisiones realizó a lo largo del 2016.
En lo que va del 2017, la administración provincial se endeudó primero por 1.500 millones de dólares, a una tasa de 8,10% a diez años, y más tarde colocó 15.182 millones de pesos en la plaza local a tasa Badlar –actualmente por encima del 20%-, más 3,83 puntos porcentuales. La última deuda tomada fue a mediados del mes pasado por 500 millones de euros, con un interés del 5,5% a cinco años. De esta forma, se alcanzó el 93% de las operaciones financieras previstas en el actual presupuesto.
“Este nivel de endeudamiento ha sido aprobado fruto de la presión que ejerció Cambiemos sobre muchos municipios, por lo que se hace necesario tener una posición fuerte desde el Senado y la Legislatura en general”, subrayó García.
Para la precandidata, también será fundamentar impulsar “una activa política productiva, sobre todo de recuperación de las pymes, que hoy atraviesan una situación muy complicada”; y además “revisar el tema de la Justicia en cuestiones que hacen a la aplicación de la ley y al manejo de los departamentos judiciales”.
Por último, apuntó contra “el acuerdo permanente de Sergio Massa y María Eugenia Vidal”, tanto en el ámbito del Ejecutivo provincial como en el de la Legislatura.
“Me parece que es un buen momento para que la sociedad despeje quién es quién. Los medios de comunicación no dan cuenta de ese acuerdo, mientras los dirigentes del Frente Renovador lo disimulan en los sets de televisión. Son como el tero, cacarean en un lado y ponen el huevo en el otro. Esto también ocurre en la Cámara de Diputados de la Nación, donde el massismo aprobó todas las leyes de Macri, incluida la de los fondos buitre y el blanqueo de capitales”, recordó García.
Transparencia en duda
El bloque de diputados nacional del FpV-PJ puso sobre la mesa esta semana una serie de irregularidades que podrían afectar el normal desarrollo de las PASO, desde la contratación del servicio de escrutinio provisorio hasta el retaceo de información sobre el software que se empleará para procesar los datos.
Para la tarea fue contratada la firma INDRA, no por el Estado nacional sino por el Correo Argentino. Ambas empresas son manejadas por dos ex directivos del Grupo Macri, Jorge Irigoin y Ricardo Viaggio, respectivamente.
Tras los cuestionamientos del kirchnerismo, el Correo salió a responder que “todas las instancias del proceso electoral” se ajustan a “lo que disponen las leyes” y garantizó “transparencia”.
“Lo que contestó Irigoin, que fue CEO de Socma, parece un chiste. No hubo licitación en la contratación de INDRA, no están claros los puntos del convenio y no se conocen los requerimientos técnicos para el software, los alcances, ni la posibilidad de fiscalización. Pedimos por nota hace un mes que nos informaran sobre todo esto y no nos respondieron nada”, explicó García a este medio.
Unidad Ciudadana ya solicitó al juez electoral Juan Manuel Culotta que adopte las medidas necesarias para “garantizar la seguridad, control y transparencia” de los comicios, en particular la acreditación de fiscales en los centros de escaneo de telegramas electorales y en el centro de cómputos de INDRA y el Correo Argentina.
