Por Flavia Delmas
Son las 9 horas, el Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y la agrupación “Las Rojas” que acompañan a Alejandra, mamá de Mariana, han propuesto al Tribunal Correccional Nº 5 que tiene a su cargo el juicio oral contra Maldonado, el feminicida de Mariana Condorí, el ingreso al recinto de un grupo de mujeres pertenecientes a organizaciones de derechos humanos, feministas, políticas y académicas, entre las que se encuentra representada la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP. La cita se da en las escaleras de 8 entre 56 y 57, Tribunales Penales de La Plata. En la reja cuelga un gran cartel puesto por los familiares con el rostro joven de Mariana sonriendo y grandes letras que piden justicia.
En el estrado de la sala de audiencias que preside el juez correccional Diego Tatarsky, una gran cruz encabeza la escena. Inevitablemente se presentan a mi memoria las palabras de la doctora Carmen Argibay que abogaba por un Estado laico y planteaba que “habría que retirar todos los símbolos religiosos de cualquier lugar público”.
La defensa de Maldonado a un lado del estrado solicita que no se fotografíe al imputado por razones de seguridad. Enfrente se hallan el fiscal Garganta por el Ministerio Público y la abogada patrocinante de la familia de Mariana, Sofía Carabelos, integrante del CIAJ. Por su parte, Maldonado, con voz firme, enuncia: “Sé qué decir, yo sé cómo fueron los hechos, conviví con ella”. Sólo falta que diga cómo la maltrató, la hostigó y la amenazó hasta causarle la muerte en un vertiginoso círculo de violencia.
“Nada se dijo de la muerte de Mariana Condorí en los términos de la Convención de Belén do Pará”, sentencia Carabelos. Como advierte diario Contexto, el jucio no es por el feminicidio de Mariana, sino “por cuatro delitos vinculados con la denuncia que ella llegó a presentar: privación ilegítima de la libertad, lesiones, amenazas calificadas y daños”. La afirmación de la abogada se ve reflejada cuando en un lapso del juicio oral el juez le solicita a uno de los testigos, el hermano de Mariana, que hable con claridad, ya que no logra escucharlo bien, y que sea preciso en relación con los hechos que describe, para poder solucionar este “problema”. Se simplifica y reduce de esa manera la muerte de Mariana, producida en un contexto de violencia de género.
La defensa de Maldonado, por su parte, se dedica a recorrer la vida íntima de Mariana. Pasan a ser preguntas relevantes la cantidad de novios, la relación de ella con los padres de sus hijos, la violencia vivida en el seno del hogar materno. Llegan a interrogar a Alejandra Pereyra sobre su consentimiento de la relación de Mariana a los quince años con su primera pareja. La prueba se invierte, las víctimas son acusadas. Cuando Alejandra, sostenedora de su familia en la que crió diez hijos e hijas, dice haber sufrido violencia por parte de sus parejas, rápidamente dice Carabelos: “Déjese constancia”.
Cuando todo se hace mal
Sofía Carabelos plantea entre los puntos que se propone demostrar las acciones y omisiones de los actores institucionales que actuaron y que no sólo no establecieron el riesgo, sino que también accionaron en contra en este juicio que marca un hito en los casos de feminicidios por las características del mismo, donde se dio la instigación al suicidio o el armado de dicha escena.
El juicio que tiene lugar en el marco de la causa 3.157 seguida contra Gabriel Maldonado, alias “la Chancha”, es por –como reza la carátula– “lesiones leves y otras”. Aquí nos topamos con la primera paradoja, ya que el camino que marcó el feminicidio de Mariana contiene todas las formas de violencia extrema demostrables en placas de radiografía, en testimonios coincidentes y en denuncias en la Policía, tras las cuales Marcelo Romero propuso una mediación, algo que prohíbe tanto la Ley nacional 26.485 como la Ley provincial 12.569.
En la ruta crítica que transita Mariana también se encuentra el Hospital San Martín, donde se sacó una placa del maxilar que Maldonado le corrió de un golpe. Queda pendiente saber si esta institución realizó la denuncia como lo prevé el protocolo en casos de violencia de género que posee el Ministerio de Salud de la provincia; todo parece indicar que no.
Mariana es asesinada tras haber logrado hacer su primera denuncia contra Maldonado en la Comisaría 3ª. De acuerdo con los forenses, se trató de un suicidio. El fiscal Marcelo Romero procesó a Maldonado por “homicidio por autoría mediata”, sin embargo, la jueza Marcela Garmendia rechazó la orden de detención y Maldonado quedó detenido aunque por causa de robos reiterados. Pero, por orden de un juzgado de ejecución, lo liberaron el 5 de septiembre de 2014, mientras cumplía la condena. Posteriormente, y tras haber baleado la casa de la madre de Mariana, personal de la DDI de La Plata lo detiene, causa por la cual llega preso al actual juicio.
Tras cuatro años de recorrer los caminos de la (in)justicia y sorteando obstáculos, se desarrolla este juicio que cuenta con más de 65 testigos que darán sus testimonios a lo largo de los tres días en que tiene lugar el mismo.
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La pregunta del juez
La defensa de Maldonado solicita que la madre de Mariana no permanezca en la sala de audiencias presenciando el juicio. Los argumentos son el posible careo de los dichos de Alejandra Pereyra con los de otras personas que testificarán. La abogada del CIAJ se opone terminantemente. Se trata de una “testigo, particular damnificada y víctima”.
El juez, tras escuchar los argumentos, le pregunta a Alejandra: “Señora, ¿usted quiere quedarse?”. Ella responde afirmativamente, entonces dice el juez: “No advierto inconvenientes”.
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