Estudiantes universitarios y terciarios dejaron de cobrar los 900 pesos del programa PROG.R.ES.AR., cuyo monto el macrismo mantiene congelado desde 2015. Desde ANSES se justificaron en que ocurrió sólo con quienes no tienen al día los requisitos, lo que fue desmentido por distintas universidades que consultó este medio.
En lo que significa otro golpe a la educación pública, el Gobierno nacional intentó una nueva maniobra de ajuste, esta vez a partir de la suspensión en el pago del programa PROG.R.ES.AR. destinado a estudiantes para que desarrollen sus estudios.
Desde la semana pasada, estudiantes de distintas universidades llevaron sus reclamos a las casas de estudio, que no habían sido notificadas de los recortes. La ANSES –que gestiona el programa junto al Ministerio– se había excusado en que la responsabilidad era de las universidades por no haber enviado la información de los alumnos, aunque el lunes, ante las reiteradas quejas, reconoció que el programa estaba detenido y requirieron nuevamente a las instituciones universitarias y terciarias que “verifiquen el cumplimiento de los requisitos académicos de los alumnos identificados como no-informados, a fin de remitir la información a la ANSES y habilitar los pagos pendientes de esta prestación”,
Las universidades consultadas por Contexto sostuvieron que en las últimas semanas los reclamos en las oficinas de Alumnos se intensificaron debido a que los estudiantes no recibían los 900 pesos mensuales del programa, congelado desde 2015 ya que el macrismo decidió no aumentarlo a pesar del proceso inflacionario, los tarifazos y los techos salariales que golpean la economía de las familias.
También afirmaron que el recorte nunca fue notificado por la ANSES ni el Ministerio de Educación de Esteban Bullrich, desde donde adujeron que quienes cumplieran los requisitos administrativos no verían afectado el beneficio y cobrarían en julio los meses adeudados.
“El recorte fue totalmente aleatorio, no respondió a ninguna lógica. Sólo lo suspendieron o dieron de baja más allá de que hayan renovado o no las regularidades”, dijo a Contexto Malena Espeche, de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Algo similar expresaron desde la Dirección de Bienestar Universitario de la Universidad Nacional de Lanús. “No hay criterios para definir quiénes están dados de baja y a quiénes les suspenden el pago, es para todos por igual. Les dan la posibilidad de volver a presentar el formulario sin avisarles que están suspendidos los pagos. El sistema de la ANSES los da de baja y los vuelve a dar de alta como si fueran estudiantes nuevos”, dijo a Contexto Esteban Moraña.
Moraña dijo que “entre un 70 y un 80% de los estudiantes” de esa casa de estudios “que cobraban el PROG.R.ES.AR. están en suspenso o dados de baja. Y la ANSES responde a los estudiantes que la responsabilidad es de las universidades por no haber enviado la documentación desde las Secretarías Académicas”.
Desde la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela viven una situación similar a las dos instituciones anteriores. “Hemos detectado casos en los que los chicos han aprobado las materias y sin embargo se los dieron de baja de todos modos”, dijo a Contexto Juan Alberti, encargado del área de Bienestar Universitario de la UNAJ.
“Lo mismo que pasa ahora sucedió el año pasado, y nos dieron las mismas respuestas: que sólo dan de baja las que no tienen regularidad”, afirmó Espeche de la UNDAV. Ante este cuadro de situación, en el que el Gobierno nacional recorta sin avisar, desde la UNDAV están realizando jornadas de reinscripción para que los estudiantes a los que les dieron de baja el programa sepan cuál es el motivo, se anoten nuevamente y puedan volver a cobrar.
Los estudiantes se inscriben tres veces por año, en marzo, agosto y diciembre. Allí demuestran que aprobaron como mínimo dos materias por año y cumplen los requisitos socioeconómicos que demuestran la necesidad.
Además de las universidades mencionadas, también tienen dificultades para acceder al programa estudiantes de las de Moreno, Quilmes, San Martín, San Juan, Río Cuarto y La Pampa.
En el presupuesto 2017, el Gobierno ya había anticipado este ajuste, cuando rebajó en un 30% los fondos destinados al PROG.R.ES.AR.
La CTERA repudió la medida del macrismo a través de un comunicado firmado por su secretaria general, Sonia Alesso. “Este es un nuevo ajuste en educación que ataca directamente el derecho social a la educación de los sectores más vulnerables de la sociedad”, sostuvieron, y exigieron “la urgente restitución de estas becas para garantizar la continuidad escolar de miles de alumnos en escuelas, institutos superiores y universidades argentinas.
En una conferencia de prensa realizada ayer, Sonia Alesso, junto a los titulares de Suteba y UTE, Roberto Baradel y Eduardo López, denunciaron el quite del programa por parte del Gobierno. También informaron que harán hoy una presentación al Ministerio de Educación exigiendo la restitución de las becas y que harán un relevamiento en todo el país para establecer la cantidad de afectados.
