Por Leandro Gianello
La andanada de despidos promovida por el gobierno macrista se cobra nuevas víctimas todos los días. Ahora les tocó el turno a empleados de la ANSES de varias regiones del país, quienes comenzaron a recibir los correspondientes telegramas de despido.
A nivel local, los afectados notificados del cese de sus funciones fueron dependientes de la delegación de Brandsen, quienes ahora deberán esperar que la situación se revierta antes del 31 de marzo, día en el que deberán dejar sus puestos merced de la decisión de las autoridades.
Marcos Ibarguren, empleado que dejará de cumplir funciones en el organismo, dijo a Contexto que la notificación de despido “llegó esta semana a mí y a tres compañeros más”, todos trabajadores que estaban “en el programa de integradores barriales”, llevando las políticas de inclusión al territorio.
“Estamos seguros de que nos echan por motivaciones políticas. Nuestra identificación con el trabajo barrial provocó la no renovación de los contratos”, indicó Ibarguren, quien desempeñaba un cargo en la delegación, al igual que sus compañeros, desde hace tres años.
“Las autoridades pensaban que hacía unos meses que estábamos acá”, expresó Ibarguren, un suceso similar al ocurrido en otras representaciones de la ANSES a lo largo del país, como la de Wilde y San Vicente, en donde ya hubo despidos y con los que se comunicaron para solidarizarse por la situación compartida.
La ola de despidos en este ente público coincide con el apriete de funcionarios a un empleado de planta de ANSES para que renuncie a su cargo, amenazando que si no lo hacía en forma voluntaria buscarían una excusa para despedirlo.
Los empleados afectados son un hombre y dos mujeres, una de ellas embarazada, y en el telegrama enviado por el organismo que ahora conduce Emilio Basavilbaso esgrime el cese del contrato sin especificar más razones ni justificar motivos.
Debido a este panorama, representantes gremiales ya pidieron a las autoridades del ente estatal una reunión de carácter urgente para aclarar la situación y proteger la fuente laboral de las personas y las familias afectadas, otorgando un plazo de 48 horas para una respuesta favorable.
En tanto, trabajadores de las delegaciones de General Acha y Victorica, en la provincia de La Pampa, recibieron el correspondiente telegrama de despido durante la semana que transcurre y las oficinas permanecen cerradas; y, según denunció el gremio, las autoridades estarían capacitando a otras personas de la localidad para reemplazarlas.
El despido de los diez empleados que trabajaban en las oficinas pampeanas fueron confirmados por fuentes gremiales, siendo estas cesantías las primeras que se producen en la provincia.
Por otro lado, es importante recordar que durante el mes de marzo los convenios con Universidades nacionales llegarán a su fin, por lo que se espera que miles de trabajadores que dependían de ellos se sumen a la masa de desocupados generada por las políticas PRO de achicamiento del Estado.
A su vez, el Gobierno nacional ya estaría avanzando sobre los más de 20 mil contratos públicos firmados los últimos tres años, según lo dictaminó días después de asumir el nuevo ministro macrista de Modernización, Andrés Ibarra.
