La presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, presentó nuevas pruebas en la causa que investiga un hecho de corrupción en el Astillero Río Santiago que involucra al exinterventor Daniel Capdevilla, nombrado bajo la gestión de María Eugenia Vidal. El procurador general de la Corte bonaerense, Julio Conte Grand, en la mira, denunciado por encubrimiento.
La diputada ensenadense, localidad donde se encuentra el astillero, presentó el comprobante de una transferencia millonaria realizada por el exinterventor. Vale destacar que en la denuncia, radicada la semana pasada, González pidió que se investigue la «malversación de fondos y fraude en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas».
Ahora amplió la denuncia aportando un pedido de informes realizado en 2018 y un comprobante bancario de «una transacción millonaria realizada por el ex interventor del Astilleros Río Santiago, Daniel Capdevilla, por un monto de unos mil millones sesenta y seis pesos, con sesenta y cinco centavos».
González indicó que, en el marco de la denuncia original, los ilícitos que se habrían cometido en perjuicio de la Administración Pública por 95 millones de dólares dejan en «evidencia una trama de encubrimientos y digitación del Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand junto a integrantes del Ministerio Público y la Procuración General» a funcionarios del Gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires.
Además de Capdevilla y Conte Grand, son investigados el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés, y Ricardo René López, ex coordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago e integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
En diálogo con Telám, González destacó que oportunamente fue solicitado al Departamento Ejecutivo que, a través del Ministerio de Justicia, informe y acompañe la declaración jurada del funcionario tras darse a conocer el comprobante de transferencia bancaria del Banco Ciudad en el que figura el CUIT, el número de cuenta en la que se realizó la transferencia y un monto total de 1.000.000.066,65 pesos, todo ello «en el marco de las políticas en materia de erradicación de prácticas corruptas en la gestión de gobierno».
De esta manera, la legisladora señaló que «oportunamente conocer la DDJJ del Sr. Capdevila resultaba el medio adecuado para saber si el funcionario había declarado la suma que se mostraba en el comprobante bancario en cuestión por lo que correspondía que el Ministerio de Justicia enviara el informe solicitado por la Honorable Cámara en uso de sus facultades».
Sin embargo, afirmó que el pedido de informes fue «cajoneado» sin ningún tipo de tratamiento y «perdió estado parlamentario lográndose así cerrar el círculo del encubrimiento» de la presunta maniobra fraudulenta.
En tanto, recordó que la gobernadora María Eugenia Vidal, «lejos de atender políticas públicas para promover la reactivación del trabajo» y la gestión del ex interventor del astillero con «la ausencia de provisión de insumos, despidos y compra de embarcaciones en el extranjero» (según denunciaron los trabajadores), inició «evidentes maniobras persecutorias».
