Todo comenzó a raíz de la pelea entre dos internos. Agentes de esa unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) entraron al pabellón en dos grupos con escopetas con munición calibre 12/70 antitumulto disparando al aire pero también provocando heridas. Los internos del pabellón 16 empezaron a irse hacia atrás y otros a tirarse al suelo, relató la fiscal Florencia Budiño al inicio de la audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 5 de La Plata, presidido por el juez Ezequiel Medrano, acompañado por María Isabel Martiarena y Carmen Palacios Arias.
Ante el avance de los oficiales armados, algunos internos iniciaron un fuego en el sector de las últimas camas que se propagó rápidamente. “Ante ello, los agentes se replegaron y cerraron al menos la puerta que divide el sector de la oficina de vigilancia del pasillo que conduce al patio de recreo […] La mayoría fue hacia el frente del pabellón pero no pudieron salir. Ninguno de los agentes presentes los ayudó ni abrió la puerta referida”, continuó la fiscal.
“La mayoría murió por intoxicación, asfixia y estrés post calor”, con temperaturas que oscilaron entre los 500 y 600 grados centígrados. Sólo dos agentes colaboraron y sólo dos internos sobrevivieron, aunque uno murió días después. La mayoría de los fallecidos tenía menos de 31 años.
“Los internos fueron los únicos que emprendieron tareas de salvamento”, aseguró Budiño que subrayó que el agua de la red hidráulica del penal había sido derivada para los sanitarios y que los Bomberos de Magdalena llegaron recién pasada la medianoche.
Tras destacar que los agentes tenían la “obligación de salvaguardar la integridad física de los internos, no abrieron la puerta para facilitar la salida de las personas […] Se desinteresaron de su deber y los abandonaron a su suerte“, afirmó Budiño antes de leer los nombres y apellidos de los 33 muchachos que murieron en la llamada Masacre de Magdalena.
“Desde este Ministerio Público Fiscal intentaremos demostrar que resultan autores penalmente responsables de los hechos los siguientes agentes penitenciarios”, agregó Budiño, que leyó la lista de los imputados, acusados de homicidio culposo, aunque aclaró que este cargo podría ser ampliado a «abandono de persona seguido de muerte y homicidio doloso».
“Desde este Ministerio Público Fiscal intentaremos demostrar que resultan autores penalmente responsables de los hechos los agentes penitenciarios.”
Familiares de las víctimas, acompañados por los abogados querellantes pertenecientes al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), al Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ) y a la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se hicieron presentes en el inicio del juicio que durará unos tres meses y donde comparecerán más de cuatrocientos testigos.
La defensa de los penitenciarios hizo hincapié en que “los focos ígneos no fueron producidos por los agentes”, y responsabilizaron a las “altas autoridades del Servicios Penitenciario Bonaerense y a las autoridades políticas que no están aquí presentes”.
Uno de los abogados, Darío Saldaño, defensor de varios oficiales, advirtió que “defenderé a cada uno por su conducta y no a la institución penitenciaria”, mientras que Julio Beley, que defiende a otros ocho agentes, consideró que “en nuestro país se corta el hilo por lo más delgado”, y rechazó que se “pretenda imputar sólo a ellos lo que ocurrió porque es una injusticia total”. “Esa noche los agentes no fueron los que pusieron en riesgo a las víctimas. Fue autoprovocado”, sostuvo inclusive el letrado.
La tragedia de Pergamino
El funcionamiento histórico del servicio penitenciario como un sistema punitivo, cruel, que viola las normas jurídicas y los derechos humanos, fue también uno de los ejes de los lineamientos de las querellas que recordaron la tragedia ocurrida en marzo pasado en la Comisaría 1ª de Pergamino, donde murieron siete jóvenes detenidos porque “se demoraron” en abrir la puerta de los calabozos.
“Lo que ocurrió en Magdalena no es un hecho aislado”, sostuvo en nombre del CELS la abogada Agustina Lloret, para quien estas tragedias ponen en evidencia las “prácticas brutales hacia los detenidos que constituyen una violación grave a los derechos humanos”.
Desde el CIAJ, su colega Sofía Caravelos cuestionó la “política penitenciaria antes y ahora”, y sostuvo que aquella noche de octubre en la U28 “los miembros del servicio penitenciario tenían capacidad para actuar pero abandonaron al fuego a los internos. En cualquier momento puede ocurrir otro Magdalena», advirtieron los querellantes.
Recordaron que actualmente «el SPB de Vidal está a cargo de Fernando Díaz», el mismo que lo dirigía cuando ocurrió la Masacre de Magdalena.
Sofía Caravelos sostuvo que aquella noche de octubre en la U28 “los miembros del servicio penitenciario tenían capacidad para actuar pero abandonaron al fuego a los internos».
El lunes, los agentes penitenciarios de la Fiscalía pusieron bastantes obstáculos para que familiares y periodistas pudieran ingresar en la sala. La prensa debió permanecer en una sala contigua donde había una pantalla que no permitía divisar con claridad los rostros de los abogados y de los acusados pese a ser un juicio oral y público.
“Si no entra hoy, entra mañana”, le dijo con liviandad un uniformado a Giselle Pereyra, hermana de Omar Abel, una de las víctimas de la Masacre que entonces tenía 31 años, a quien el SPB nunca le brindó una explicación sobre lo ocurrido.
“Llevamos doce años esperando esto y peleando para que se haga justicia”, afirmó la muchacha con tristeza, al recordar que aquel día se enteró por la televisión lo que estaba pasando en el penal. “Al día siguiente vi el nombre de mi hermano en el diario”, aseguró sin ocultar su pesar pero confiada en que la Justicia “condene a todos los culpables” por la Masacre de Magdalena.
