Por Alejandro Palladino
La multisectorial que nuclea a organizaciones políticas, sociales, sindicales, cooperativas, clubes e instituciones educativas contra el tarifazo en las boletas de servicios públicos en la provincia de Buenos Aires entregó ayer un petitorio a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Departamento Judicial de La Plata, para que se mantenga firme la medida cautelar que presentó el juez Luis Arias al poner un freno al tarifazo sin audiencia pública previa que esclarezca los aumentos por parte de las empresas.
Las organizaciones expresaron en el petitorio su “preocupación y repudio por el aumento ilegal e inconsulto del nuevo cuadro tarifario del servicio eléctrico”.
“Pedimos que se mantenga el recurso que presentó el juez Arias porque creemos que es fundamental que no se avance en querer instalar el tarifazo, porque genera un traslado impresionante de recursos de los sectores asalariados a los sectores concentrados de la economía”, dijo a Contexto Raúl Calamante, secretario adjunto de la CTA de los Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires.
“el nuevo cuadro tarifario responde a la voraz necesidad de asegurar y maximizar las ganancias de empresas privadas que lucran con el acceso a bienes sociales.”
A fines de mayo, el juez en lo Contencioso Administrativo Luis Arias ordenó que las empresas EDELAP, EDES S.A., EDEA S.A. y EDEN S.A. se abstengan de aplicar las subas estipuladas por el nuevo régimen tarifario, por no ajustarse al artículo 42 de la Constitución Nacional, puesto que no instrumentaron mecanismo alguno de participación de los usuarios en la determinación de la nueva normativa –una audiencia pública–, lo que vulnera el derecho a una información adecuada y veraz.
Al salir de la entrega del petitorio, los referentes de las organizaciones dijeron que en la reunión le plantearon al presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Departamento Judicial de La Plata que “la ecuación energética no es solamente una ecuación empresarial, sino que tiene que cerrar con los usuarios”.
En referencia a la eliminación por parte del Gobierno nacional de los subsidios, sostuvieron que “una tarifa subsidiada es parte del salario diferido para el trabajador y también para sostener el funcionamiento de comercios y pymes, y por lo tanto de puestos de trabajos, en un marco económico de recesión e inflación”.
Agregaron que “el nuevo cuadro tarifario responde a la voraz necesidad de asegurar y maximizar las ganancias de empresas privadas que lucran con el acceso a bienes sociales”, y que el Gobierno provincial, que falló contra la medida de Arias para dar marcha atrás la cautelar, puja a favor de esos intereses empresariales.
Audiencia en Mar del Plata
El otro tema presente en el petitorio fue la audiencia pública a realizarse el 28 de julio en Mar del Plata, estipulada por el Organismo de Control de la Energía Eléctrica de la provincia de Buenos Aires (OCEBA). En este punto, mostraron su disconformidad ante la situación en la que se realiza la convocatoria por parte del organismo.
La multisectorial criticó la postura de OCEBA de convocar en una sola ciudad, y la posición del organismo de “impedir la participación de muchos usuarios que legítimamente quieren participar y expresar su preocupación y su posición”, afirmaron, considerando que las inscripciones para acceder a la convocatoria se hacen en La Plata y eso genera complicaciones para ciudadanos de otros puntos de la provincia.
La multisectorial criticó la postura de OCEBA de convocar en una sola ciudad, y la posición del organismo de “impedir la participación de muchos usuarios que legítimamente quieren participar.»
“Si vos lo hacés en un solo lugar y para anotarte, si sos de Mar del Plata u otro lugar, tenés que venir a La Plata, evidentemente hay una intención muy clara de impedir la participación de los usuarios en la audiencia en la que se va a discutir la validez y los argumentos para llevar adelante el tarifazo”, sostuvo Calamante.
El juez Arias también se expresó sobre la audiencia al afirmar la semana pasada que “observo ciertos hechos objetivos, como que se va a realizar durante el receso judicial y administrativo, en las vacaciones de invierno”. Además, llamó la atención porque “se realice “en un solo lugar para toda la provincia, con todas las empresas juntas, cuando cada empresa es una realidad diferente y hay más de cien cooperativas y empresas distribuidoras”.
Los sindicatos y organizaciones llamaron a “generar un estado de movilización” para “llenar las calles de Mar del Plata, porque es ahí donde está la lucha”.
La multisectorial concluyó afirmando que “el Estado está obligado a respetar esos procesos de consulta y máxima divulgación de manera tal de posicionar a los ciudadanos en igualdad con el prestador del servicio y que ello les permita luego ejercer sus derechos”, considerando que “es un servicio público, caracterizado como esencial para la dignidad de la persona, prestado de forma monopólica, que encuadra al consumidor en una situación de vulnerabilidad en su relación jurídica con la empresa distribuidora”.
