Por Maximiliano Ceci
El fiscal titular de la Oficina Fiscal de Asistencia en causas por violaciones a los Derechos Humanos, Dante Vega, amplió la acusación al incluir diversos actos de violencia sexual denunciados en el debate, presuntamente cometidos por doce de los imputados ante el Tribunal Oral N° 1 en el marco de la megacausa de Mendoza, que busca determinar las responsabilidades de veinticinco policías y once militares durante la dictadura cívico-militar.
“El MPF incorporó a la acusación una diversidad de hechos vinculados a violación sexual o enmarcables en la figura del abuso deshonesto –tal como se encontraba tipificado al momento de los hechos–”, informaron desde la Fiscalía que dio cuenta de algunos de los testimonios más ilustrativos sobre los abusos sufridos por las víctimas del terrorismo de Estado.
El pedido del fiscal se inscribe en una de las líneas de trabajo trazadas en 2013 por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Pero la investigación de violaciones como crímenes de la dictadura tiene un antecedente en la condena por violencia sexual que en 2010 recibió Gregorio Rafael Molina, alias “Charles» o «Sapo”.
El pedido del fiscal se inscribe en una de las líneas de trabajo trazadas en 2013 por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
En aquella ocasión, el Tribunal de Mar del Plata sentó el primer precedente al sentenciar a prisión perpetua en cárcel común por, entre otras cosas, haber violado a las detenidas desaparecidas que pasaron por el centro clandestino de detención La Cueva.
Además, Vega también solicitó que se considere el delito de privación abusiva de la libertad en relación con algunos de los casos de secuestro que, por haber sido llevados a cabo en el marco de procesos penales tramitados al amparo de las denominadas leyes “contra-subversivas”, no habían sido calificados bajo ese tipo penal.
La megacausa de Mendoza
En noviembre de 2013, el Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1 de la provincia de Mendoza aceptó unificar las causas que investigan delitos de lesa humanidad. Esta causa es la más importante en la historia de la provincia, no sólo por su magnitud –más de cuarenta genocidas imputados y más de doscientas víctimas–, sino porque los ex jueces Otilio Romano, Luis Miret, Rolando Carrizo y Guillermo Max Petra Recabarren integran el grupo de acusados.
“Es la primera vez que se enjuicia a ex magistrados exclusivamente por delitos cometidos durante la dictadura.»
Los ex magistrados fueron imputados de ser partícipes primarios en los diversos ilícitos cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad, incluidos los enmarcados en la violencia sexual, durante la última dictadura cívico-militar. Con esto se analiza una porción del Poder Judicial cómplice con el terrorismo de Estado en la provincia mendocina.
“Es la primera vez que se enjuicia a ex magistrados exclusivamente por delitos cometidos durante la dictadura y que luego fueron parte de un mecanismo que lo único que hizo fue frenar a la Justicia”, destacó el fiscal Dante Vega.
La otra megacausa por delitos de lesa humanidad de Mendoza corresponde a los casos de violaciones cometidas contra presas y presos políticos en los centros clandestinos de detención en el sur de la provincia.
