Este viernes finalmente se desarrollará la audiencia pública convocada por el TOF 8 por pedido de la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la del ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, en la denominada Causa Memorándum. Este proceso continúa la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman presentada en 2015, en la que sostenía que el gobierno de entonces pretendía encubrir a los presuntos responsables del atentado a la AMIA de 1994.
La convocatoria se produce luego de que el propio tribunal desestimara el pedido de apartar al fiscal del caso por pedido de las querellas, que entendían que, al pedir el análisis de los planteos de nulidad elaborados por las defensas, estaban boicoteando el comienzo del juicio oral. También cuestionaron que convoque al ex director de Interpol, Ronald Noble, a declarar como testigo en la causa.
Sin embargo, los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado consideraron que en ningún caso la actuación del fiscal podía ser reprochada en ese sentido. «Las querellas recusantes no fundamentaron de qué manera se vio afectada la objetividad que resulta normativamente exigible al señor Representante del Ministerio Público Fiscal en estas actuaciones, y tampoco la aplicación justa de la ley, ello en defensa de los intereses generales de la sociedad», dijeron.
En la audiencia del viernes se espera que hable la vicepresidenta, tal como hizo durante la audiencia en la que se analizó el caso Dólar Futuro, donde estaba imputada junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y el ex titular del BCRA, Alejandro Vanoli, entre otros funcionarios.
Uno de los aspectos fundamentales que se analizará en la audiencia, en la que las defensas esperan declarar la nulidad de la causa, es el rol de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, piezas clave en la reapertura del expediente en 2016. El detonante fueron las revelaciones de la investigación con la que se pudieron constatar las distintas visitas de ambos camaristas a la residencia presidencial de Olivos y a la Casa Rosada durante la presidencia de Mauricio Macri.
Ambos jueces determinaron la reapertura del caso que, en 2015, cuando el macrismo aún no gobernaba, había desestimado el juez federal Daniel Rafecas por inexistencia de delito. Luego de la reapertura, el expediente quedó en manos del fallecido Claudio Bonadio, que, entre otras medidas, ordenó la detención de exfuncionarios y reclamó el desafuero y la detención de CFK cuando ocupaba una banca en el Senado de la Nación.
«Ha quedado claro que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenida por el Fiscal Pollicita en su requerimiento se sostienen mínimamente, la primera (‘Comisión de la Verdad’), porque el presunto delito nunca se cometió; y la segunda (baja de las ‘notificaciones rojas’), porque la evidencia reunida, lejos de sostener mínimamente la versión del fiscal, la desmiente de un modo rotundo y lapidario, llevando también a la misma conclusión de la inexistencia de un delito», había sostenido Rafecas en su decisión de entonces.
La Causa Memorándum constituye uno de los escenarios centrales de la estrategia de guerra jurídica desatada contra dirigentes peronistas y funcionarios del Gobierno kirchnerista.
La audiencia del viernes, en la que se espera la palabra de la vicepresidenta, será virtual y podrá seguirse en vivo por el canal de YouTube del Consejo de la Magistratura de la Nación.
