En una semana el Partido judicial que dio a conocer su cara por primera vez en la movilización silenciosa del 18F, demostró que ponerle un freno a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia es una parte de sus objetivos. A días del 39º aniversario del 24 de Marzo, tres fallos judiciales beneficiaron a los acusados en causas por la apropiación de Papel Prensa, la participación en el genocidio de la empresa azucarera Ingenio Ledesma en Jujuy y el rol del grupo mediático de La Nueva Provincia en Bahía Blanca. Los fallos no son casualidades y vuelven a instalar la idea de la impunidad en la sociedad. El Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Martín Fresneda, consideró “llamativo” que en sólo siete días “se dictaran tres fallos en beneficio de cómplices civiles de la dictadura”.
Dentro de siete días los argentinos volveremos a marchar a Plaza de Mayo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Y la consigna “Democracia o Corporaciones” cobra en este contexto renovada fuerza y sentido. “Democracia o Corporaciones, ahí está la disyuntiva: o es la democracia con los representantes del pueblo, o son miembros del poder judicial que actúan de manera corporativa para aletargar los procesos judiciales que se pusieron en marcha desde el 2003”, propuso Matías Moreno, hijo del abogado de los trabajadores de Loma Negra asesinado en la dictadura, Carlos Moreno, y director de Formación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
En su última columna dominical del diario Tiempo Argentino, el periodista Roberto Caballero se preguntó: “¿Se viene un indulto tribunalicio a la pata civil de la dictadura?”. Lo que si está claro, es que los fallos que beneficiaron a los dueños del Grupo Clarín, La Nueva Provincia y del Ingenio Ledesma ponen de manifiesto que el Poder Judicial está en deuda para terminar con la impunidad de los crímenes cometidos durante la última dictadura cívico militar.
“Es que tanto el poder Ejecutivo como el Legislativo, en los últimos diez años han avanzado desde la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Pero el judicial está en deuda, y eso tiene que ver con que los miembros de ese poder no son elegidos por el voto popular, como sí lo son los representantes del pueblo en los otros dos poderes”, explicó Matías Moreno.
A más de tres décadas del final de la dictadura, no quedan dudas que la concreción de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia fueron producto del proceso democrático de elección de representantes, “porque está claro que en la voluntad de la mayoría del pueblo era terminar con la impunidad en el país”, agregó el HIJO.
La deuda sigue en los pasillos de los tribunales: “Este proyecto político que se inició en 2003 ya fue apoyado dos veces por el voto popular y una de sus banderas es la lucha contra la impunidad. Ahí habría un debe del poder judicial para atender las demandas de la sociedad”, completó.
Una cadena de fallos
La seguidilla comenzó a última hora del viernes 6 de marzo, cuando el Juzgado Federal Nº1 de Bahía Blanca, a cargo del abogado Claudio Pontet, declaró la falta de mérito del dueño del diario la Nueva Provincia, Vicente Massot, acusado por las desapariciones de dos empleados de su multimedio durante la dictadura cívico militar.
Pero el avance del Partido no quedó allí. El jueves 12, el juez Julián Ercolini rechazó, en menos de 24 horas, el pedido de indagatoria a los directivos del grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble y Héctor Magnetto; al dueño del diario La Nación, Bartolomé Mitre en la causa Papel Prensa y otros. Como remate, el viernes la justicia no le permitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) ser parte querellante en la causa.
La frutilla del postre la puso la justicia federal jujeña: para completar la semana, el viernes 13 Sala IV de la Cámara Federal de Casación, presidida por Juan Carlos Gemignani, dictó la falta de mérito al empresario Carlos Pedro Blaquier, dueño del poderoso Ingenio Ledesma en Jujuy, en la causa en la que estaba procesado por secuestros de trabajadores y pobladores de Libertador General San Martín y otras localidades, en lo que se conoció como “La Noche del Apagón”.
“Es llamativo que justamente esta semana se hayan dictado tres fallos que absuelven de toda responsabilidad a los civiles implicados en el terrorismo de Estado. Lamentablemente parece que la justicia no quiere avanzar sobre este delito. Estos fallos son malas noticias para las víctimas y para toda la sociedad”, reflexionó Fresneda. “No parecen casualidades”, advirtió.
Para el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, esos fallos “vuelven a instalar la idea de impunidad” en la sociedad y “no hacen más que reflejar que una parte de la estructura judicial se resiste a las investigaciones de delitos durante el terrorismo de Estado”.
Auat recordó que al momento de la creación de la Procuraduría sabían del obstáculo que significaban las estructuras del poder judicial con vínculos con los hechos y admitió que ese obstáculo “nunca fue totalmente superado”. “Si hablamos de terrorismo de Estado, es fundamental analizarlo en su totalidad”, sostuvo Auat, y retomó a Theodor Adorno: “la justicia que no abarca la totalidad del crimen deja un sabor amargo a injusticia”.
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