La Unidad Ejecutora Provincial (UEP) –organismo encargado del relevamiento, los proyectos y la ejecución de la infraestructura escolar en todo el territorio bonaerense– vive horas de conflicto tras la orden de disolución impulsada por María Eugenia Vidal, decisión que durante la última semana dejó a doscientos trabajadores despedidos.
Tras la organización simultánea y el apoyo de los gremios estatales y movimientos políticos, los trabajadores de la UEP se movilizaron ayer al Ministerio de Educación de la provincia en La Plata para visibilizar el reclamo, en el marco de una protesta que incluye la permanencia pacífica en las instalaciones del organismo y asamblea permanente.
El día 29, vía mail, los trabajadores fueron anoticiados de la disolución inminente de la UEP. A pesar de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo provincial de disolver el organismo a causa de la existencia de «actividades superpuestas entre la UEP y Dirección de Infraestructura Escolar», lo cierto es que los doscientos despedidos no han recibido una respuesta por parte de las autoridades.
A su vez, la desaparición de un área apuntada a infraestructura en Educación se da en un marco donde los propios trabajadores señalan un nivel deficitario de cerca de 19.000 establecimientos educativos, ya sea por mantenimiento o por la falta de edificación.
«Nosotros en asamblea planteamos la posibilidad de generar una delegación que pueda entrar al organismo con un grupo de veedores a analizar la situación de la UEP, a lo cual la gestión se negó. No reconoció a los delegados. No tenemos diálogo con ninguna autoridad», dijo a Contexto Joaquín Morales, delegado gremial de ATE y uno de los doscientos despedidos del organismo.
«No somos los únicos que están en esta situación. En diciembre hubo despidos en varias áreas de provincia, en Desarrollo Social, en Producción, en la DIPREGEP, IPAP», dijo Morales, y agregó: «Además, la solución que la gestión planteó de las firmas de contratos para los compañeros que sí podrían quedar adentro depende de la ley de emergencia que va a caer recién en mayo y no nos garantiza ninguna continuidad laboral. Es una extorsión».
En tanto, la movilización realizada ayer por los trabajadores se dirigió desde la sede de la UEP –donde se lleva adelante la permanencia en asamblea permanente– en 8 entre 46 y 47, a la sede ministerial ubicada en calle 13 y 56. Allí confluyeron delegaciones de ATE de Educación, junto a CTA, agrupaciones políticas y organizaciones populares.
«Se solicitaron listas de gente ‘prescindible’. Hoy se convocó a 180 de los 380 de la lista original a asistir a reuniones individualizadas para negociar recolocaciones. Aun así no hay certezas para ellos tampoco», dijo a Contexto el referente de ATE Diego Makedonsky, trabajador de la Dirección General de Cultura y Educación en la Dirección Provincial de Infraestructura Escolar.
«Lo que hay detrás de esto es el plan de achicamiento de Vidal, sin dudas. Esto no pasa por fuera del contexto que vivimos en la actualidad. El ajuste es tanto económico como político», añadió.
La Unidad Ejecutora Provincial es un organismo autárquico creado en el ámbito de la Dirección de Cultura y Educación a mediados de los noventa para llevar adelante programas y obras destinados al mejoramiento integral de la educación. Su disolución representa un freno al plan de construcción de escuelas y, según denuncian los trabajadores del organismo, la «Ley de Ministerios impulsada por Vidal» oficia como un «marco legal al vaciamiento del Estado».
Por lo pronto, el Frente de Unidad Docente anunció que mañana volvería a reunirse con autoridades provinciales para discutir la situación de los trabajadores de la educación afectados por la disolución de la UEP. Asimismo, el mismo jueves 4, los trabajadores cesanteados junto a los gremios estatales confluirán a una masiva movilización y paro.
