A dos días del Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, la Cámara de Casación rechazó el pedido de abogados de represores de abrir un «plenario» para establecer los criterios para otorgar domiciliarias a mayores de 70 años, lo que, de implementarse, podría enviar a involucrados en delitos de lesa humanidad a sus casas. La noticia se da en medio de los rumores de una maniobra del Gobierno nacional para avanzar sobre esto, con la vicepresidenta Victoria Villarruel, férrea defensora de genocidas, a la cabeza.
Los abogados Ricardo San Jean y María Laura Olea, quienes defienden al genocida Diego Chemes, de 71 años, pidieron el 11 de diciembre (tan solo un día después de la asunción de Milei y Villarruel) que se discutan los alcances de las domiciliarias de mayores de 70. Chemes está detenido desde 2006, con una condena de 21 años de prisión. Si bien había obtenido en otras ocasiones domiciliaria, el beneficio se revocó en 2022.
En febrero, la Asociación de Abogados Defensores de Derechos Humanos de Latinoamérica, que reúne a penalistas que intervienen en causas de lesa humanidad, pidieron lo mismo. Según detalló la periodista Luciana Bertoia en Página/12, esta ONG es cercana a la vicepresidenta, siendo algunos de sus integrantes invitados a actos por la propia Villarruel e incluso compañeros en el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), organización que defendía también a genocidas.
Lo que alegaban los abogados de Chemes es que Casación no tiene un único criterio para el dictado de domiciliarias a personas mayores, por lo que en una asamblea plenaria podrían dirimirse esto. De esta manera, en caso de que se defina determinado criterio, no solo afectaría a Chemes, sino a otros genocidas que se encuentran en prisión, como Alfredo Astiz.
Ante esto, el viernes el Tribunal de Admisibilidad de Casación integrado por el presidente Mariano Borinsky y los jueces Daniel Petrone, Ángela Ledesma y Carlos Mahiques, consideró que no correspondía iniciar el procedimiento de un plenario y que ya existe una jurisprudencia al respecto que da cuenta de cómo debe actuar la Cámara en estos casos.
«La contradicción evocada respecto a los precedentes de la Sala III no se ajusta a las constancias de la causa», indicó el fallo.
La noticia llega en medio de rumores de posibles beneficios para genocidas por parte del Gobierno nacional, en una provocación más en el marco de la Semana de la Memoria.
Por un lado, se hablaba de posibles indultos. En ese sentido, la Sala II de la Cámara, al confirmar las condenas de 19 represores, remarcó en el fallo que «la concesión del indulto es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas».
Por el otro, el Gobierno dejó correr el rumor de posibles domiciliarias, medida que quedaría desbaratada ahora con el nuevo pronunciamiento de Casación. Vale recordar que en los primeros días de enero los familiares de genocidas exigieron al Ejecutivo nacional directamente la liberación. «¿Por qué las autoridades no cumplen con las promesas hechas a los familiares de las víctimas del terrorismo judicial de hoy y abandonan a quienes lucharon también por la vida de ellos y los retienen presos hasta los 100 años sufriendo tratos crueles y degradantes?».
