La Federación del Personal de Vialidad Nacional denunció la reciente instrucción del Administrador General de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy, quien ordenó a todos los distritos del país dar de baja los contratos de obra pública vigentes. “Este hecho representa el retiro total del Estado en la infraestructura vial, dejando en el abandono absoluto a las rutas nacionales y exponiendo a millones de argentinos a condiciones de tránsito cada vez más peligrosas”, denunció la FEPEVINA.
El desmantelamiento de Vialidad Nacional ocurre en un momento crítico para la ciudad de Bahía Blanca, cuya población sufrió el pasado viernes una trágica inundación. Con 16 personas fallecidas, más de 1.400 evacuados y una red vial destrozada, la ciudad enfrenta un escenario de emergencia en el que la inversión en infraestructura es urgente. Sin embargo, la administración libertaria retiró al Estado de las rutas nacionales, dejando a provincias y municipios a la deriva.
Desde que asumió, Milei demostró su falta de interés en el desarrollo de la infraestructura vial. Al inicio de su mandato, el Gobierno anunció el cese de nuevas licitaciones de obras públicas y una política de reducción del personal estatal.
En este marco, la FEPEVINA advirtió en un comunicado que la última medida “profundiza el proyecto privatizador del Gobierno, que no sólo busca el desguace de Vialidad Nacional, sino también beneficiar a empresas privadas a costa de la seguridad y la conectividad del país”.
En esa línea agregó que el nuevo ajuste en Vialidad Nacional “afectará tanto a las rutas que serán concesionadas bajo el Decreto 28/2025, como a todas aquellas fuera de la red concesionada”. Y prosiguió: “En otras palabras, se interrumpen los contratos de mantenimiento, los acuerdos de provisión de insumos esenciales y cualquier otra acción que garantice rutas seguras y transitables”.
La administración libertaria justificó la decisión de eliminar las obras y trabajos de mantenimiento que venían ejecutando en las “restricciones presupuestarias significativas” que tendrá que afrontar Vialidad Nacional durante este año.
La orden impartida por Campoy puntualiza que resulta necesario “arbitrar los medios para proceder al cierre de los contratos de obra pública bajo cualquier sistema de gestión, ya sea que se encuentren en las rutas a privatizar, como así también aquellos que hayan sido celebrados para obras fuera de la Red Vial Concesionada».
“Estamos frente a un nuevo intento de implosionar Vialidad Nacional desde adentro. Con esta decisión, se condena a pueblos y regiones enteras al aislamiento, tal como ocurrió con el ferrocarril en los años 90”, amplió la Federación.
Además de las muertes y las pérdidas materiales, el temporal en Bahía Blanca afectó la infraestructura vial. Según medios bahienses, la Ruta Nacional 3, una de las arterias más importantes del país, sufrió cortes totales en los kilómetros 674 y 672 debido a grandes socavones en la calzada, mientras que en el kilómetro 708 el tránsito quedó completamente interrumpido.
Vialidad Nacional informó sobre los trabajos para reparar las rutas nacionales. Se desplegaron equipos especializados, como retroexcavadoras y camiones, para restaurar la transitabilidad y garantizar la seguridad vial. Sin embargo, el vaciamiento del organismo afectará la reconstrucción de la ciudad, así lo denunció el Fabián Catanzaro, secretario General de FEPEVINA.
«El año pasado echaron a mecánicos, maquinistas, topógrafos, laboratoristas… Todo personal que hoy sería indispensable para poder realizar las tareas de reconstrucción, no solamente de las rutas nacionales, que se hicieron mierda, sino también colaborar con las rutas provinciales y también con algunas cuestiones urbanas», dijo Catanzaro a El Destape.
La “Marcha Vial Nacional” y el rechazo al ajuste
Ante esta situación, los trabajadores de Vialidad Nacional se movilizaron en todo el país en la jornada de protesta denominada «Marcha Vial Nacional», donde reclamaron la restitución del presupuesto y denunciaron el intento del Gobierno de desmantelar completamente el organismo.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) marchó desde el Congreso hasta las oficinas de Vialidad Nacional y los ministerios de Caputo y Sturzenegger. La titular del gremio, Graciela Aleña, denunció que el Gobierno «busca reducir Vialidad y dejar sin mantenimiento las rutas nacionales para acusarlos de ineficientes, mientras pone en riesgo la vida de quienes transitan por la red vial”.
Desde el gremio aseguran que la resistencia a esta política es clave para evitar un colapso mayor: “No permitiremos que se repita la historia. Llamamos a todas las organizaciones sociales, sindicales y políticas a frenar este plan de vaciamiento y a defender una gestión vial pública y transparente».
