Tras el anuncio del denominado Pacto de Mayo que el presidente Javier Milei propuso firmar a los gobernadores, el Gobierno convocó para este viernes a los mandatarios a la Casa Rosada para darle forma a la reunión que tendrá lugar, según dijo en su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 25 de mayo en Córdoba.
El «nuevo contrato social», como lo llamó el presidente, tiene como condición para retomar el diálogo con los propios gobernadores que hasta la semana pasada tuvieron una conflictiva relación con la Administración central la aprobación de la ley ómnibus, cuyo debate legislativo resultó en un rotundo fracaso, fruto, justamente, de la mala relación con las provincias.
En un insólito apriete a los gobernadores, el texto oficial difundido por Presidencia denomina como «muestra de buena voluntad» para la negociación entre Nación y las provincias la aprobación de la ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, sumada a un paquete de alivio fiscal para las Administraciones locales, lo que sería «el primer paso previo a la firma conjunta del documento fundacional».
«El gobierno nacional sostiene su compromiso de diálogo con los 23 gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en busca de los acuerdos necesarios para abandonar las recetas de fracaso y retomar la senda de la prosperidad, el crecimiento y el desarrollo de nuestra Patria», concluye el breve comunicado.
La convocatoria, además de esconder lo que algunos gobernadores y legisladores de la oposición calificaron como una extorsión, se produce en el marco de un fenomenal ajuste fiscal que tiene como blanco principal a las provincias. A la caída del 98 % en las transferencias a las provincias durante el mes de enero, se suma una caída del 88 % en términos reales durante el mes de febrero, con un monto total entre todas las jurisdicciones que asciende a 18.000 millones de pesos.
Entre las transferencias no automáticas, la mayoría se destaca por ser aportes para el sostenimiento de los servicios de salud, aunque la cifra devengada y la efectivamente pagada por el Gobierno es diametralmente distinta. Por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires recibiría 19.000 millones de pesos para el sostenimiento del Hospital Garrahan, pero lo que efectivamente se giró a esa jurisdicción durante febrero fueron 111 millones de pesos.
«Después de someter al pueblo, a la democracia y al federalismo a una agresión tan inédita como salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo», dijo este lunes en la apertura de sesiones de la Legislatura bonaerense el gobernador Axel Kicillof respecto de la convocatoria de Milei, y manifestó: «Nuestra respuesta es muy clara: cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y marketing, arranquen nomás si no llegamos».
La postura del mandatario bonaerense fue similar a la de otros gobernadores del peronismo que tomaron con cautela la invitación, en el marco de la tensa relación que inauguró el presidente con las jurisdicciones. Tampoco es mucho el entusiasmo en las provincias gobernadas por Juntos por el Cambio, en las que, a pesar de recibir bien la convocatoria, como lo manifestaron la mayoría tras el discurso presidencial en el Congreso, existen dudas sobre el devenir de la gestión nacional respecto de los reclamos provinciales.
Un eje fundamental de ese debate será la posibilidad de un nuevo acuerdo fiscal entre la Administración nacional y las provincias. Cabe recordar en este punto que la caída de la ley ómnibus estuvo relacionada con el pedido de los gobernadores de coparticipar algunos impuestos (como el PAÍS, que grava las operaciones con dólar oficial, o el impuesto al cheque) para paliar la difícil situación fiscal que atraviesan.
