En plena licencia tomada tras el escándalo por los chatos que mantuvo con Silvio Robles, Marcelo D’Alessandro busca retornar a la escena pública y ahora aprovechó la conmoción por el asesinato de una oficial de la Policía Metropolitana para eludir su situación judicial. Mientras es investigado por el vínculo con la mano derecha de Horacio Rosatti, D’Alessandro decidió salir con un discurso punitivista, donde intentó responsabilizar al kirchnerismo por la muerte de la agente y reavivó la discusión por el uso de pistolas eléctricas Taser.
«¿Cuántas tragedias vamos a tener que lamentar por culpa de este capricho ridículo? ¿Hasta dónde va a llegar esta irresponsabilidad de querer cagarles la vida a los porteños porque no votan chorros? ¿Qué van a inventar ahora?», fue el mensaje que lanzó en redes sociales el ministro de Seguridad de CABA, ahora con licencia, donde volvió a agitar la incorporación de las «picanas eléctricas».
«Las armas no letales son una herramienta clave para cuidar a la gente, la mayoría de los países del mundo las usan. La mezquindad política no puede ser más importante que la vida de las personas. Mucha fuerza a la familia de Maribel. Estamos a su entera disposición», sostuvo D’Alessandro en referencia a la agente de policía asesinada en la terminal de subte Línea C en Retiro.
Además de implicar que lo sucedido es responsabilidad de quienes «votan chorros», el funcionario aprovechó el trágico episodio para buscar rédito político al reflotar una vieja medida que quedó trunca desde la era Cambiemos, como fue la adquisición de pistolas Taser para su utilización en las fuerzas de Seguridad. La iniciativa no llegó a buen puerto debido a los fuertes cuestionamientos que opusieron en su momento organismos de derechos humanos por la peligrosidad de estas herramientas.
D’Alessandro, vale aclarar, se encuentra con licencia de su cargo como ministro de Seguridad porteño, luego de quedar implicado en el escándalo de los chats con Silvio Robles, episodio donde salió a la luz la relación y complicidad entre funcionarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Poder Judicial para fraguar estrategias en el debate por la coparticipación federal. En la actualidad se encuentra designado como docente del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP), entidad donde también trabaja la jueza María Eugenia Capuchetti, responsable de la investigación por el atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.
Cabe recordar que la incorporación de pistolas eléctricas Taser en las fuerzas policiales fue una de las medidas centrales que el macrismo introdujo durante la era de Cambiemos, con Patricia Bullrich a la cabeza del Ministerio de Seguridad de la Nación, en pleno auge de la mentada «Doctrina Chocobar». La propia Bullrich en ese entonces instauró un protocolo para habilitar su utilización. Con un fuerte recrudecimiento de la violencia institucional y el gatillo fácil en esos años, los organismos de derechos humanos entraron en alerta al aparecer la posibilidad de la utilización de estas armas, consideradas instrumentos de tortura, hecho que fue corroborado por el Comité contra la Tortura de la ONU y por Amnistía Internacional.
No fue hasta 2019, con la llegada de Sabina Frederic a la cartera de Seguridad, cuando se derogó el protocolo que había impulsado Bullrich sobre el uso de las Taser e indicó que las 300 pistolas que había comprado la exministra serían usadas «en toma de rehenes, algunos allanamientos, circunstancias extremas».
No obstante, Juntos por el Cambio nunca abandonó la intención de insertar estas armas en el uso cotidiano de la Policía Metropolitana, cuya propuesta vuelve a reflotar cada vez que un caso de violencia se instala en la agenda mediática.
