Tal como lo hizo la semana pasada con el Banco de la Nación Argentina, el presidente Javier Milei ahora ordenó transformar Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) en una Sociedad Anónima, medida que la ubica en la antesala directa a su privatización. Con la opinión pública centrada en la megaestafa de criptomonedas en que quedó implicado, Milei pone quinta a fondo y acelera su maniobra de privatización y eliminación de áreas clave del Estado.
Así como la semana pasada le ocurrió a BNA, en este caso el Gobierno arrancó la semana con el blanco puesto en la empresa estatal enfocada tanto en la generación de energía, como en la explotación, transporte y comercialización del carbón. Carboeléctrica Río Turbio S.A. es el nombre bajo el cual ahora será denominada la empresa y, si bien por ley se debe mantener la participación mayoritaria del Estado en un control, esta medida habilita el camino a una eventual privatización. Cabe recordar que YCRT estaba dentro de la lista de empresas contempladas para una eventual privatización, en virtud de la mentada Ley Bases.
“Reducir la carga que YCRT representa para el Tesoro Nacional”, es uno de los objetivos que destaca los argumentos del Decreto 115/2025, a través del cual se hizo efectiva la maniobra en el Boletín Oficial. En ese marco, se vuelve inminente la reducción de personal y el ajuste presupuestario, por lo cual la respuesta ya llegó de parte del sector sindical y político.
“Esta decisión golpea a un polo energético que resulta estratégico para la soberanía de nuestro país. Además, entre la mina de carbón, la mega usina carboeléctrica y el puerto de Punta Loyola hay 2200 trabajadores representados por ATE. El funcionamiento de YCRT le da vida a la economía de tres ciudades: 28 de Noviembre, Río Turbio y Julia Dufour”, expresó el secretario General del sindicato estatal ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.
“El Gobierno busca la desaparición de la cuenca carbonífera. Están jugando con el futuro de los trabajadores y de todas estas comunidades. Si profundizan por este camino, se desatará como en otras oportunidades una pueblada”, dijo Aguiar e hizo referencia a los antecedentes de este tipo de medidas: “Intentos similares existieron en los ‘90, también en el 2018 y no pudieron. Hemos resistido permanentemente las propuestas de concesionarla, desguazarla y hasta dividirla en unidades económicas y pudimos mantenerla siempre en pié”.
En tanto, la medida del Gobierno también tensa la situación en términos regionales, ya que si la conversión en SA derivara en la venta total o parcial de la empresa, implicaría un discusión con la provincia de Santa Cruz. “El gobierno quiere dólares para pagar la timba financiera, como en la época de Menem. Quienes votaron la Ley Bases son responsables de llevarnos a esta película de terror de los 90. Defendamos el empleo, el desarrollo energético, YCRT y nuestras empresas estratégicas”, expresó en sus redes sociales Alicia Kirchner, ex gobernadora de la provincia patagónica.
