A través del decreto 1112/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno de Javier Milei abrió el terreno para que las Fuerzas Armadas, puedan desplegarse a pedido del Ministerio de Seguridad en caso de que surgan «amenazas» que así lo ameriten.
El decreto modifica así el Sistema de Defensa Nacional a los fines de ampliar las capacidades de las FFAA a los fines de «dar respuesta ante casos de amenazas o agresiones que afecten los intereses vitales de la Nación».
En este punto, el decreto señala que «para el accionar eficaz y eficiente contra las citadas amenazas y agresiones, las Fuerzas Armadas deberán estar en capacidad de vigilar y controlar en forma permanente e integral los espacios terrestres, marítimos, fluviales, aeroespacial y ciberespacial y el espectro electromagnético, tanto en período de paz como en tiempo de conflicto armado o guerra».
El articulo 3, faculta al ministerio de Defensa conducido por Luis Petri, a coordinar con el Ministerio de Seguridad, concudio por Patricia Bullruch, aquellas «operaciones que requieran la cooperación y complementación de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad»
De esta manera, se deroga el Decreto 727/2006 que limitaba el accionar de las FFAA a agresiones externas y amplia las capacidades militares a intervenir «en los espacios en los que se desarrollarán operaciones militares para la defensa nacional como el ciberespacio, el espectro electromagnético y el espacio exterior, así como tener presente los desarrollos más recientes que influyen sobre los conflictos presentes y futuros como la inteligencia artificial, la ‘internet de las cosas’, la robótica avanzada y los sistemas no tripulados».
La advertencia del CELS
«Desde hoy el presidente puede decidir la intervención de las Fuerzas Armadas en un conflicto o problema de seguridad interior. Es decir, puede militarizar la protección de Vaca Muerta, los aeropuertos y puertos, Plaza de Mayo o la CABA (como centro político y económico del país», advirtió el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El CELS advirtió que «las Fuerzas Armadas podrán estar afectadas a la defensa de ‘objetivos de valor estratégico’, cuya definición es vaga: ‘cualquier bien, instalación o conjunto de instalaciones fijas y las entidades materiales de vital importancia para el Estado nacional'»
«Por otra parte, este decreto implica en la práctica que Patricia Bullrich tendría no solo el control de Seguridad sino también el de las Fuerzas Armadas», destacó el organismo de derechos humanos.
