El presidente Javier Milei anunció este miércoles el envío de las nominaciones del actual juez federal de Comodoro Py, Ariel Lijo, y el académico Manuel García-Mansilla, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, para completar la integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En un comunicado publicado por la cuenta de la Oficina del Presidente, el Gobierno le adelantó la jubilación a uno de los actuales integrantes, Carlos Maqueda, que en diciembre cumplirá 75 años, y anunció la modificación del Decreto 222/2003 dictado durante el Gobierno de Néstor Kirchner, que renovó la integración del máximo tribunal y terminó con la hegemonía de la corte adicta menemista.
«El Presidente Javier Milei, cumpliendo su mandato constitucional, y de acuerdo con la modificación del Decreto 222/2003 que será publicada en las próximas horas, ha tomado la determinación de nominar al Dr. Manuel García-Mansilla para reemplazar al actual juez de la Corte Suprema de la Nación, Juan Carlos Maqueda, quien cumple 75 años el próximo 29 de diciembre y deberá en esa fecha dejar su cargo, como establece la ley», comienza el comunicado publicado por el Gobierno.
Además, señala que propondrá a Ariel Lijo, actual juez federal de Comodoro Py, como reemplazo de la exmagistrada Elena Highton de Nolasco, que dejó la corte en 2021 y el puesto vacante no fue completado durante el Gobierno de Alberto Fernández.
«El Dr. Lijo actualmente ejerce como Juez Federal de la Nación y se ha destacado en su prominente carrera judicial en el ámbito penal, mientras que el Dr. García-Mansilla es un prestigioso académico con una sólida formación en derecho constitucional y se desempeña como Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral», señalaron.
El juez Lijo tuvo participación en causas importantes, como el caso del encubrimiento al atentado terrorista de la AMIA, por el que investigó a figuras de la política y la Justicia, y fue el encargado durante el macrismo de encarcelar al exvicepresidente Amado Boudou, durante el imperio de la doctrina Irurzun, que establecía que todo ex funcionario de gobierno podía potencialmente obstruir una causa por contactos residuales. En ese caso en particular, en la resolución que ordenó la detención de Boudou, sostuvo que, a pesar de que los acusados cumplieron con el proceso, un fallo de la Cámara Federal (integrada por Irurzun) fijó «nuevas pautas interpretativas al momento de valorar los riesgos procesales».
Tras el anuncio presidencial, que culminó con el clásico pedido de amparo a «las fuerzas del cielo», se sumaron cuestionamientos a la intención de modificar el Decreto 222/2003 que, entre otras pautas, señalaba la necesidad de contar con una representación diversa en términos de género, especialidad y procedencia geográfica para garantizar el federalismo. En ese sentido, la Asociación de Mujeres Jueces emitió un comunicado en el que cuestiona la falta de perspectiva de género en las postulaciones y destaca que a lo largo de su historia solo tres mujeres integraron el máximo tribunal frente a 109 integrantes varones.
La aprobación de las nominaciones dependerá de las posibilidades que tenga el Gobierno de negociar en el Senado y alcanzar los dos tercios del recinto (un número muy lejano para la fuerza libertaria en la Cámara alta, aún contando a sus aliados) en un ámbito legislativo que viene de rechazar recientemente el mega DNU firmado por Milei a poco de asumir.
