Por Roberto Álvarez Mur
Desde hace más de un mes, la militante de la Tupac Amaru María Molina duerme en el suelo con temperaturas de un grado y goteras en el techo, en su celda de la Comisaría de la Mujer, en el barrio de Huaico, Jujuy. Molina es de una estrecha cercanía a Milagro Sala, a tal punto de ser quien llevaba ropa y comida a la líder jujeña durante su encierro. Hoy, junto a otras militantes de la agrupación, es víctima de la persecución política encabezada por el representante provincial de Cambiemos, Gerardo Morales. Por sus condiciones de encierro decidió iniciar una huelga de hambre.
“María Molina ha sido detenida hace más de un mes como consecuencia de una denuncia que surge de un expediente donde está siendo investigada Milagro. Una testigo denuncia a María a causa de un supuesto dinero recibido por ella para sostener a una persona prófuga. Lo único que hay en contra de María Molina es el testimonio de esta testigo”, dijo a Contexto Luis Paz, abogado tanto de Molina como de Sala, y quien además también fue acusado por la testigo, Yesica Paés, que dio testimonio contra la militante de la Tupac Amaru.
Junto con Elba Jesús Galarza, también miembro de la Tupac, Molina fue acusada y detenida desde hace semanas. “Nosotros cuestionamos la detención con un pedido de excarcelación, diciendo que el hecho que se le endilga a María, que es un encubrimiento simple, no amerita que esté privada de su libertad”, aseveró Paz.
Hasta el momento, ninguna de las acusaciones en contra de Molina está demostrada en expedientes, pero, según indica el abogado, “como María es casi mano derecha de Milagro, se la considera peligrosa”. No hay evidencias ni testimonios de otros testigos.
“Están persiguiendo a todas las personas que hemos estado alrededor de Milagro o de su organización”. Mientras tanto, el silencio mediático reinante en la provincia, en conjunto con el aparato judicial anquilosado desde la gestión de Morales, ejercen cada vez más presión sobre cualquier rastro de la militancia popular de Sala.
“El Poder Judicial responde a las necesidades políticas del Ejecutivo. En diciembre de este año se modificó la estructura del Supremo Tribunal de Justicia y Morales nombró a cuatro jueces, aumentando los miembros. De los cuatro miembros, tres fueron diputados radicales”, aseveró el abogado.
En 2005, la Corte Suprema de la Nación falló a favor de una presentación de hábeas corpus colectivo presentado por Horacio Verbitsky en el que denunciaba la ilegitimidad, inconstitucional e ilegalidad del encierro de personas privadas de su libertad en las comisarías de Buenos Aires por el estado en las que estas se encontraban y que se repite en las de Jujuy. “En la Comisaría de la Mujer, y tal como lo denunció en su momento la diputada Julia Perié, no están garantizadas las condiciones mínimas de reclusión. El maltrato y las condiciones inhumanas a las que someten a las personas detenidas violan sistemáticamente los tratados internacionales con rango constitucional suscriptos por nuestro país”, expresó un comunicado elaborado por la Tupac Amaru.
Asimismo, el texto prosigue: “Desde la Tupac Amaru exigimos la inmediata libertad de la compañera, que se respeten las condiciones mínimas de detención de todas las personas privadas de su libertad en la provincia y el cese de la persecución política. Al igual que en el caso denunciado sobre las condiciones inhumanas de detención de Milagro Sala y las internas del penal donde se encuentra alojada, también hacemos directamente responsables de la integridad física de nuestra compañera al gobernador Gerardo Morales, al presidente Mauricio Macri y a su ministro de Justicia Germán Garavano”.
