El pueblo argentino recordará el 14 de diciembre de 2017 como una de las fechas más antidemocráticas de la historia del país. Tras adelantar para este jueves el tratamiento de la reforma previsional en la Cámara de Diputados, el Congreso de la Nación amaneció militarizado por orden del gobierno de Mauricio Macri.
En ese contexto, las fuerzas federales no tardaron en reprimir. Bastó que se acercaran algunos manifestantes hasta el vallado que cercaba el edificio parlamentario para que los gendarmes y policías de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apuntaran sus ithacas y comenzaran a disparar balazos de goma y gases lacrimógenos a mansalva, mientras los camiones hidrantes descargaban largos chorros de color amarillo para repeler y marcar a aquellos que no estaban dispuestos a retroceder.
Como en la represión del día anterior a las organizaciones sociales, ni los diputados nacionales se salvaron de la brutalidad policial. A Mayra Mendoza, del FpV-PJ, varios efectivos de la Federal la rodearon y le tiraron gas pimienta directamente en la cara. Otro legislador del mismo bloque, el fueguino Matías Rodríguez, fue golpeado con un escudo y cayó inconsciente al suelo.
Los heridos y detenidos comenzaron a multiplicarse cuando los uniformados salieron a pie o en motos a la caza de manifestantes en las inmediaciones de la Plaza de los dos Congresos.
El fotógrafo freelance (ex Página/12) Pablo Piovano recibió diez disparos en distintas partes del cuerpo en la esquina de Rivadavia y Montevideo. “Un policía me vio con la cámara y me disparó a medio metro. Tengo diez impactos de bala de goma. Estamos evidenciando un tiempo de mucha violencia, una represión policial que va en aumento y es muy preocupante”, dijo una vez que pudo recuperarse de la salvaje agresión.
Algunos opinólogos comentaban en sus análisis de la jornada que al gobierno sólo le faltó movilizar a las Fuerzas Armadas, pero no repararon en que ni eso quedó al margen a la hora de reprimir. Poco después del mediodía, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) difundía una serie de imágenes para denunciar la presencia de un colectivo del Ejército camuflado entre vehículos de la Policía Federal y Gendarmería, en una clara violación de la Ley de Seguridad Interior.
¿Qué hace un camión del Ejército Argentino en el operativo? #ProtestarEsUnDerecho pic.twitter.com/SuhJwrnWCK
— CELS (@CELS_Argentina) December 14, 2017
Mientras tanto, en el recinto de la Cámara de Diputados, Cambiemos intentaba llegar al quorum para avanzar con la votación de una reforma anticonstitucional pensada para saquear los ingresos de jubilados, niños de la Asignación Universal por Hijo (AUH), pensionados por discapacidad y veteranos de Malvinas.
Cuando el jefe de la bancada del PRO, Nicolás Massot, vio que Cambiemos no lograba reunir a los 129 legisladores necesarios antes de que se venciera el plazo, sentó a los “diputruchos” Jorge Enríquez y Patricia Holzman, que no habían jurado para ejercer como legisladores. Enríquez, actual subsecretario de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, ocupaba el noveno en la boleta de Elisa Carrió, mientras que Holzman, jefa de Gabinete del Ministerio de Ambiente, aparecía en el onceavo lugar. La maniobra fue denunciada por los bloques opositores al calificarla como “una verdadera vergüenza”.
En medio de los fuertes cruces entre el presidente del cuerpo, Emilio Monzó, y varios diputados de la oposición, Elisa Carrió tomó la palabra para justificar los abusos policiales y luego pidió suspender la sesión.
“Evitamos que se cometa un latrocinio para los jubilados y pensionados de la Argentina. Esta ley es una mala ley. Tenemos que terminar con que siempre el hilo se corte por lo más delgado. Si el gobierno tiene un problema fiscal, que lo resuelva sin meter la mano en el bolsillo de los jubilados”, señaló al salir del recinto Agustín Rossi, jefe del bloque del FpV-PJ.
La movilización popular, convocada por las dos CTA, la CGT, la Corriente Federal de Trabajadores (CFT), organizaciones de jubilados, partidos políticos y movimientos sociales, había triunfado, pero las fuerzas represivas siguieron disparando balas y gases a discreción. La cacería en los alrededores del Congreso continuó hasta entrada la noche con un saldo de varios heridos y detenidos.
En la Casa Rosada los funcionarios iban y venían, hasta que trascendió que Macri evaluaba aplicar la reforma previsional por decreto de necesidad y urgencia (DNU), algo que fue rechazado incluso por sus aliados de Cambiemos. “Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional”, sentenció rápidamente Carrió en su cuenta de Twitter.
En conferencia de prensa, el bloque del FpV remarcó que “sería un grave error del gobierno y del presidente Macri si por falta de consenso parlamentario insisten en sacar la reforma por vía de un decreto, sería una burla para el conjunto del pueblo argentino, que mayoritariamente está en contra de esta iniciativa”.
Los triunviros cegestistas Juan Carlos Schmid, Carlos Acuña y Héctor Daer también se manifestaron en contra de una decisión de ese tipo. “Si se utiliza un decreto de necesidad y urgencia para generar este acto de sustracción de los salarios a los jubilados, el Consejo Directivo de la CGT ha resuelto un paro de 24 horas desde la medianoche”, informó Daer y, tras repudiar “la militarización del Congreso”, pidió que “los excesos de las fuerzas de seguridad” pesen sobre “la cabeza” de Bullrich.
Si bien al cierre de esta edición el gobierno no había confirmado oficialmente si avanzaría o no con el DNU, las versiones más firmes indicaban que Macri convocaría en las próximas horas a los legisladores de Cambiemos y a los gobernadores del pacto fiscal para analizar los pasos a seguir.
