Este jueves, el juez Rodolfo Fernández dispuso un allanamiento en la casa de Milagro Sala para abrir una nueva investigación sobre posibles delitos en torno a las protestas que se desarrollaron las últimas semanas contra las reformas comandas por el gobernador jujeño Gerardo Morales, hoy precandidato a vicepresidente en la fórmula encabezada por Horacio Rodríguez Larreta.
En busca de dinero, computadoras y celulares, la policia irrumpió en el domicilio de Sala, quien está detenida hace más de 2.700 días por una supuesta denuncia de un imputado de identidad reservada, detenido en las protestas de los últimos días.
Elizabeth Gómez Alcorta, exministra y una de las abogadas de Milagro Sala, precisó que «se investigan los supuestos delitos en el marco de las protestas que se están llevando adelante en Jujuy desde el 16 de junio pasado».
Asimismo, destacó que en el domicilio se encuentra el esposo de Sala, Raúl Noro, quien se encuentra en «situación de salud crítica y terminal» y también tuvo que padecer el allanamiento.
«Nos aparece un hecho más del terrible hostigamiento y la persecución a 7 años y medio de su detención y como marco de la campaña electoral que está llevando adelante Gerardo Morales y Rodríguez Larreta en este proceso electoral», manifestó.
Días atrás, un grupo de médicos llegó a la vivienda con intenciones de trasladar a Milagro Sala a Buenos Aires en medio de sus problemas de salud. «Me quisieron llevar sin orden del juez, cuando no pueden sacarme sin una orden judicial», denuncio la dirigente en un video, donde advirtió que se trata de «una maniobra que realiza Morales» para que vuelva a ser encarcelada. «Yo solo salgo con orden judicial», aclaró entonces.
Además, la semana pasada dos jueces y un fiscal se acercaron a su domicilio, según advirtió Página/12, y «le revisaron su teléfono celular sin orden de por medio».
Estos hechos se dan en el marco de la escalada represiva que atraviesa Jujuy, denunciada por numerosos organismos de derechos humanos y el Gobierno nacional, que impulsó la acción judicial contra el gobernador jujeño por los múltiples atropellos al derecho a la protesta social que incluyeron más de sesenta detenciones.
