El proyecto de moratoria amplía el régimen establecido en la Ley de Solidaridad Social del mes de diciembre para pagar deudas impositivas y previsionales. Fue con el fin de avanzar en los consensos e incorporar al proyecto enviado por el Ejecutivo una serie de iniciativas que presentaron otras bancadas.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, afirmó que el martes 28 continuará el debate. “No es el objetivo sacar dictamen en el día de hoy. Seguiremos debatiendo, teniendo varios proyectos a la vista para lograr la mayor adhesión posible e intentar aprobar la iniciativa el próximo martes”, sostuvo el diputado del Frente de Todos. El proyecto podría tratarse para su media sanción el miércoles o jueves de la semana próxima.
La moratoria apunta a regularizar deudas impositivas y previsionales de personas humanas y de empresas, en el marco de la agenda económica pospandemia que planea el gobierno. Según datos oficiales, la deuda total es de 534.000 millones de pesos. La ampliación de la moratoria fue en respuesta al impacto económico de la pandemia en la población, por este motivo, incluye a quienes quedaron fuera del régimen establecido en la Ley de Solidaridad Social.
“El proyecto cuenta con un doble propósito: por un lado, facilitar el ingreso a quienes han quedado afuera, por distintas situaciones, del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, previsionales y aduaneras, pero al mismo tiempo generar un incremento significativo de la recaudación”, detalló Heller.
Por el lado de la oposición de Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión, Luciano Laspina (PRO), manifestó su conformidad con la necesidad de una moratoria para estos tiempos de crisis, pero cuestionó que el proyecto beneficie a empresas quebradas.
“El proyecto del oficialismo se trata de dos leyes: una de moratoria -en la que todos coincidimos- y una ley de amnistía, que es un traje a medida de las necesidades judiciales de Oil Combustibles”, dijo el diputado. Junto al radical Luis Pastori, presentó en la comisión de Presupuesto un pedido para que la AFIP responda sobre el estado de la presentación de quiebra de la empresa de Cristóbal López.
Desde el oficialismo, quien respondió ante esta demanda fue el diputado Darío Martínez. “Esta moratoria no tiene ningún sentido de ir por la particularidad. Esto está claro. No hay ninguna modificación buscando beneficiar a uno u otro”, subrayó. “No es un traje a medida de una empresa en particular en cuanto a combustibles, ya que desde la AFIP informaron que son 39 las empresas que están en una situación problemática”, reforzó el diputado Marcelo Casaretto.
La semana pasada, en esa línea se había expresado la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, en la primera reunión de comisión sobre la moratoria, donde respondió a las preguntas de los diputados junto al ministro Matías Kulfas. Allí aseguró que la medida busca ser “un alivio” para las empresas y las familias en el actual contexto económico, signado por la caída de la economía por la pandemia. De aprobarse la iniciativa, podrán sumarse pymes, como es actualmente, y también personas y grandes empresas. Se podrán regularizar deudas generadas durante la cuarentena y empezar a pagarlas recién en noviembre.
También desde el oficialismo, la diputada Fernanda Vallejos pidió incorporar como beneficiarias a las organizaciones comunitarias. “Son organizaciones que no persiguen fines de lucro en forma directa o indirecta y que desarrollan programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa que, en este contexto en particular, están cumpliendo un rol muy importante”, indicó Vallejos. La propuesta contó con el respaldo de la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto.
Desde el bloque Consenso Federal, el diputado Jorge Sarghini habló del proyecto que presentó su espacio. “Todas las moratorias son injustas, entre los que han pagado y los que no. Los legisladores debemos darle a la moratoria mucha equidad interna, tratando igual a los iguales, sin beneficiar a nadie en detrimento de otro”, señaló.
Por último, el diputado y presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, remarcó que «es cierto que las moratorias son injustas, pero más injusta es la situación que están padeciendo miles de empresas que necesitan de este instrumento para generar trabajo y producción para poner de pie a nuestro querido país».
