Bajo el eufemismo de «protocolo para el mantenimiento del orden público», Patricia Bullrich volvió a revivir el esquema de represión a la protesta social que supo aplicar durante la era de gobierno de Mauricio Macri, ahora con Javier Milei en Casa Rosada. La actual ministra de Seguridad de la nación hizo este jueves la presentación oficial del ordenamiento de fuerzas federales para reprimir piquetes y cortes de calle, casi anticipándose a la reacción callejera que responda al ajuste que comenzó a desplegar La Libertad Avanza.
«Por instrucción del presidente de la nación, el Ministerio de Seguridad resuelve que las cuatro fuerzas federales más el Servicio Penitenciario Federal intervengan frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias: se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir», expresó Bullrich en el anuncio oficial que realizó esta tarde.
La ministra de Seguridad se plegó al estilo de Luis Caputo en su propio anuncio del paquete económico, al hacer el anuncio sin brindar mayores detalles, ni especificaciones de cómo se llevará adelante su implementación. En tanto, desde los organismos de derechos humanos vuelven a pronunciarse sobre este esquema (ya conocido) de intentar hacer valer el ajuste económico mediante represión social.
En su anuncio, Bullrich indicó que «si hay un delito flagrante» las fuerzas federales podrán intervenir «de manera inmediata» de acuerdo con «los códigos procesales vigentes» y que utilizarán «la mínima fuerza necesaria y suficiente», la cual será «graduada en proporción a la resistencia» que se oponga.
«Es la vieja historia ya conocida, con una característica muy especial: la forma en este caso queda supeditada por el carácter que asume la protesta social. Es decir, en ningún momento se plantea cuál es la naturaleza del reclamo, cómo lo van a encarar, cómo lo van a resolver. Solo se trata de un proceso de ‘limpieza de las calles’, por así decirlo», dijo a Contexto Ismael Jalil, abogado y referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
«La incorporación del Servicio Penitenciario Federal, por ejemplo, va a requerir una reforma de la ley, ya que no es esa la función ni las atribuciones del SPF», dijo Jalil, y agregó: «Hasta ahora, en este Gobierno tienen la característica de que dictan una medida pero no se explica. Lo que yo noto, en términos generales, es a Bullrich con la necesidad imperiosa de criminalizar ya no la protesta, sino la inseguridad social. Porque acá va de lleno a apuntar a un enemigo interno que ella declama».
Por otro lado, también hubo advertencias de parte del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que se pronunció sobre el punto del anuncio donde Bullrich se refiere a aplicar sanciones por la presencia de menores en las protestas. «Bullrich anunció que castigará la participación de niñas, niños y adolescentes en las protestas. De esta manera criminaliza a madres y padres que demandan mejores condiciones para sus familias y excluye a quienes están a cargo de su cuidado», indicaron desde el CELS vía X (ex Twitter). «Es muy riesgoso enviar un mensaje político como este hacia las fuerzas policiales. Cuando el poder político habilitó la represión de las manifestaciones, el resultado fue una enorme crisis política y terminó con muertes en las calles».
De este modo, desde el Gobierno que ahora inicia vuelven a dar respuesta represiva a un escenario de angustia por el ajuste económico. «Acá no se plantea dar respuesta a reclamos, lo que se plantea es dar respuesta a la imposibilidad de protesta. En concreto, es una combinación de una apuesta a lo punitivo antes que a lo social. Por lo tanto, el drama social lo resuelven naturalmente con el ejercicio de la fuerza», agregó Jalil.
