La gestión del intendente platense Julio Garro vuelve a dar un paso a contramano de las urgencias de la capital bonaerense, en este caso, en torno a la recaudación de más de 77 millones de pesos por un impuesto que, una vez más, llega en beneficio de los intereses inmobiliarios locales. Es que el monto, en concepto del mentado tributo de plusvalía urbanística, en lugar de ser compensado con obras para mejorar la calidad de vida de los barrios (tal como indica la normativa), será a cambio de una rotonda para una zona residencial extraurbana.
Así quedó pautado este lunes, tras la reunión que mantuvieron las comisiones de Planeamiento y Hacienda del Concejo Deliberante de La Plata, donde el bloque de Juntos despachó de manera favorable el proyecto en cuestión. «El bloque de Concejalas y Concejales del Frente de Todos, rechazamos el proyecto de ordenanza enviado por el intendente Julio Garro, para ratificar un convenio entre el Municipio y la empresa AGRYCON S.A., por no cumplir con la Ley Provincial 14.449 de Hábitat; ni las Ordenanzas municipales 11.218 y 12.031», expresaron desde el Frente de Todos en un comunicado.
Según indicaron desde el Frente de Todos, el proyecto implica unos 77.459.684 de pesos, en concepto del tributo de plusvalía urbanística. Monto que, según el convenio, será saldado en su mayoría mediante la construcción de una rotonda. «Es decir, lo recaudado NO será utilizado para mejorar las condiciones de hábitat, como lo establecen la Ley Provincial y las Ordenanzas Municipales», señalaron en el comunicado.
Acorde a lo manifestado en la Ley Provincial Nº 14.449 de Hábitat, y las Ordenanzas locales Nº 11.218 y Nº 12.031, la Comuna debe cobrar el tributo en aquellos casos en los que una «rezonificación implique un enriquecimiento para el propietario de la tierra». En tanto, los fondos deben utilizarse «exclusivamente a la construcción o mejoramiento de viviendas y/o construcción de obras de infraestructura de servicios públicos y/o de áreas de recreación y equipamientos sociales en sectores de asentamientos o viviendas de población de bajos recursos».
En cambio, Garro avanzará con un presupuesto millonario a disposición mediante un convenio con la empresa AGRYCON S.A. para desarrollar el proyecto urbanístico «La Cañada», en 467 y 148, un barrio rezonificado que pasó de ser un área rural intensiva a una zona residencial extraurbana.
«Lo más escandaloso es de dónde provienen los fondos para realizar esta obra. Surgen de aplicar el tributo por plusvalía urbana, a las rentas extraordinarias que obtienen desarrolladores inmobiliarios y dueños de tierra cuando terrenos rurales son convertidos en áreas extraurbanas», expresó en sus redes sociales la concejal Yanina Lamberti, del Frente de Todos, en relación al posicionamiento de su bloque frente al tema.
«Con ese acto administrativo sus ganancias se multiplican y el municipio debe cobrar un impuesto a esa renta. En este caso 77 millones de pesos. Pero ¿qué propone Julio Garro hacer con este dinero?», dijo Lamberti, y añadió: «Una rotonda que beneficia a los mismos barrios cerrados y que va en contra de leyes y ordenanzas municipales».
En esa línea, la edil agregó: «No se puede hacer cualquier cosa, el tributo por plusvalía urbana debe ser utilizado para mejorar el hábitat de los barrios más postergados, con escasez de calles y servicios, así lo establece la Ley de acceso justo al hábitat. Violando la ley se avanza en este convenio. Un nuevo ejemplo del modelo de ciudad que Garro nos presenta, una ciudad socialmente injusta e inequitativa».
Vale aclarar que la ley establece la creación de un fondo fiduciario público que se utilice para consolidar el acceso a un hábitat digno y a una planificación territorial equitativa. «Por ende, [el objetivo de Garro] desnaturaliza completamente a la norma que se utilice para seguir haciendo el juego al mercado inmobiliario, ni a las expectativas de la renta especulativa», indicaron desde el bloque. La obra en cuestión en 467 y 160 está planeada a doce cuadras del barrio cerrado con un costo de 63 millones de pesos, lo que deja el monto restante destinado al fondo fiduciario para mejorar el hábitat.
«Asimismo, hacemos hincapié en la suma irrisoria a recaudar, dado el enorme negocio que implica la rezonificación del predio», señalaron desde el Frente de Todos. Cabe destacar que el precio de venta de cada uno de los 150 lotes del lugar es de 90.000 dólares. «Es decir, aunque se tome el valor fiscal de los terrenos: los números no dan», agregaron.
La Ley Provincial Nº 14.449, en su artículo 49, establece que cuando la participación en la renta urbana se efectivice mediante dinero, este deberá ser «destinado exclusivamente a la construcción o mejoramiento de viviendas y/o construcción de obras de infraestructura de servicios públicos y/o de áreas de recreación y equipamientos sociales en sectores de asentamientos o viviendas de población de bajos recursos».
Por su parte, la Ordenanza Municipal Nº 11.218 establece la creación de una «Cuenta de Financiamiento y Asistencia Técnica para la Mejora del Hábitat» financiada por lo recaudado en concepto del tributo a la plusvalía urbanística. Asimismo, crea el Consejo Local de Tierra y Hábitat, cuya función es llevar el control sobre la cuenta referida y «promover proyectos e iniciativas habitacionales y de urbanización que impliquen procesos de organización colectiva».
«Los problemas de infraestructura urbana son notorios: estado de las calles; escasez y deficiencia en el tendido de servicios; falta de acceso al suelo. Por tal motivo, presentamos un Dictamen de Minoría desaprobando el convenio entre el Municipio y la empresa AGRYCON S.A. El Fondo tiene que ser correctamente usado, es decir, para solucionar las problemáticas estructurales que tiene la Ciudad. Garro gobierna para unos pocos y para favorecer la renta de los empresarios», añadieron desde el Frente de Todos.
