Mujeres. Mujeres pobres, provincianas, desempleadas, desoladas, que terminan en prostíbulos clandestinos, whiskerías o bares oscuros, de esos que quedan en el medio de la ruta y tienen carteles rojos luminosos con alguna letra quemada, o en plena zona céntrica de cualquier urbe pero detrás de una puerta antigua y descuidada que nadie se pregunta qué será. Mujeres que son obligadas a prostituirse a cambio de golpes o engaños o amenazas.
Esas mujeres, víctimas de redes de trata que operan en el país, también están siendo rescatadas asiduamente desde que se sancionó en 2008 la Ley 26.364 para la Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas. En estos siete años fueron liberadas y asistidas 8.151 víctimas, un promedio de tres personas por día.
El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de las Personas Damnificadas por el Delito de Trata se hace cargo desde el momento en que se produce el allanamiento hasta que la víctima hace su declaración testimonial. Luego de esa instancia, se coordina con el Ministerio de Desarrollo Social para que continúe con el seguimiento de cada caso. «Están acompañadas y con asistencia psicológica todo el tiempo, porque, además de ser víctimas de trata, adquieren una trayectoria de vulnerabilidades y hay otras problemáticas como violencia de género, salud mental, adicciones, falta de acceso a la documentación, a la salud y la educación», explica Romina Diurno, miembro del Programa.
Luego del fallo tan cuestionado en la causa por la desaparición de Marita Verón en el que se sobreseyó a los imputados, se reformó esa ley y desde diciembre de 2012 rige la 26.842, que introdujo un cambio fundamental: no tiene que probarse la falta de consentimiento de la victima para que haya delito, ya que muchas veces no se podía llegar a una condena porque la víctima aseguraba que había consentido la relación de explotación sexual debido a que estaba amenazada.
La ideóloga
Eva Giberti fue la que introdujo la trata en la agenda gubernamental. En 2007 fue convocada por Néstor Kirchner y por Aníbal Fernández, en ese entonces ministro del Interior, quienes le encomendaron la creación de una ley y un programa de rescate.
–Vea, ministro, si vamos a entrar a los prostíbulos con Gendarmería, los sujetos que van a entrar a requisar a los clientes, que son los prostituyentes, van a tratar a las muchachas como si fueran prostitutas y en realidad son víctimas –desafió Giberti a Fernández.
–¿Usted qué sugiere?
–Hay que hacer una oficina de rescate y acompañamiento para estas víctimas, formadas por mujeres.
–¿Cómo por mujeres?
–Sí, es decir, antes de que Gendarmería tome contacto con las muchachas que están en trata, tenemos que entrar nosotras.
Así fue como se creó el Programa de Rescate que está integrado por un equipo interdisciplinario compuesto por psicólogas, trabajadoras sociales, politólogas, médicos, abogados y personal policial que ayudan a la persona rescatada de la situación de explotación.
Eva Giberti considera que el mayor problema que se desprende de la trata de personas es la demanda. Es decir, los hombres que van a buscar víctimas a sabiendas de que están teniendo relaciones sexuales con mujeres que están siendo esclavizadas. “También otro problema es la complacencia de las autoridades y personal de seguridad que aprovecha para hacer dinero a través de complicidades”, sostiene la psicóloga.
En la misma línea, Magui Bellotti, víctima de una red de trata y ahora integrante de la campaña Ni una víctima más de las redes de prostitución, cuenta que para ella el mayor problema “es la naturalización de la prostitución que hay en la sociedad y que hace que no se establezcan mecanismos de prevención para evitar la trata”.
Pero la naturalización de la prostitución, de cosificar los cuerpos femeninos para una satisfacción sexual del hombre, surge a partir de la conformación de una sociedad machista. Giberti dice que “son muchos los hombres que todavía creen en su derecho omnímodo y en su potestad sobre las mujeres y su necesidad de disponer de ellas, de los cuerpos de ellas como si fueran objetos, sin el reconocimiento de que están en contacto con una persona”.
Para Giberti, como toda ley, es una norma que admite nuevos ajustes, que es perfectible. Lo mismo opina Bellotti y rescata que “es una ley abolicionista y que además de la asistencia plantea la restitución de derechos”.
Por otro lado, se desdibujaron las zonas geográficas del país donde predominaba esta problemática. “Cuando este programa se crea en 2008, podíamos encontrar focos más claros de captación y explotación. De captación eran las zonas del norte, Misiones, Formosa; y los centros de explotación, las grandes ciudades o donde hay muchos recursos económicos, como la ruta petrolera. Lo cierto es que esto se ha modificado y hay captación y explotación en todo el país”, dice Romina Diurno.
Las formas de la esclavitud
Pero la trata de personas no sólo incluye a las personas explotadas sexualmente, sino también al ámbito laboral. De acuerdo con un informe elaborado por el organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en siete años el Estado nacional rescató un promedio de tres personas por día que eran sometidas a distintas formas de esclavitud: en el 51% de los casos se trataba de víctimas de explotación sexual (4.152), mientras que el 49% restante eran víctimas de explotación laboral (3.972).
“Como sociedad, nos alarma más la explotación sexual que la laboral, y sin embargo en términos estadísticos no hay mucha diferencia. Además, la particularidad de la explotación laboral es que está mucho más naturalizada porque son generaciones de familias explotadas”, indica Diurno.
