En pleno escenario de debate por la despenalización del aborto, la Iglesia emitió un comunicado donde ratificó su posicionamiento frente a la interrupción del embarazo y exigió que se “reconozca la dignidad de la vida humana desde el comienzo de su concepción”, además de hacer una llamativa defensa de la educación sexual para fomentar embarazos “responsables”. En ningún momento se hace referencia al tema como un asunto de salud pública y se plantea el debate bajo la polarización “¿hay que optar por una vida y eliminar a otra?”.
En sintonía, el propio Mauricio Macri se pronunció en una reunión de legisladores oficialistas donde reconoció la necesidad de abrir el debate al plano parlamentario, pero sin dejar de ratificar su posicionamiento «a favor a de la vida», con el claro tono de ambigüedad para deslizar su rechazo a la despenalización.
«Hay que aclarar, antes que nada, que esto no es un triunfo del Gobierno ni mucho menos. Es un avance del Movimiento de Mujeres y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto que ya lleva más de una década», se refirió en torno a las declaraciones del Presidente la referente platense de la Campaña, María Julia Constant. En diálogo con Contexto, Constant expresó que «posiciones como la de la Iglesia y el oficialismo ya no pueden esquivar la vista de una realidad que se reflejó en el ‘pañuelazo'».
La referente no descartó que, desde el discurso del Gobierno, exista una estrategia discursiva «políticamente correcta para tapar otro tipo de políticas impopulares», aunque «de todas maneras, no hay que dejar de lado la fuerza que tiene el Movimiento de Mujeres y que se verá reflejado, sin dudas, en la jornada del 8 de marzo».
«Hay que aclarar, antes que nada, que esto no es un triunfo del Gobierno ni mucho menos. Es un avance del Movimiento de Mujeres y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto»
Por su parte, de manera textual en su comunicado, las “soluciones” que la Conferencia Episcopal de Argentina sugiere para abordar la interrupción del embarazo son, en primer lugar, que “se establezca como prioritaria la educación sexual integral de la ciudadanía, en la que se fomente y capacite para la decisión libre y responsable de concebir una vida humana» porque «todos tenemos necesidad y derecho de ser recibidos como hijos”.
En segundo lugar, pide que “se reconozcan la dignidad de la vida humana desde el comienzo de su concepción pasando por todas las etapas de su desarrollo, la dignidad e igualdad de la mujer y el varón» y que «se implementen acciones tendientes a encarar las causas de la violencia hacia la mujer generando nuevas pautas de conductas basadas en el respeto al otro”. Por último, aspira a que se “acompañen, desde lo social, las situaciones de conflicto y atiendan las heridas que quedan por sanar en quienes están atravesando por estas situaciones”.
Como suele suceder cuando aparece la discusión sobre el aborto, los límites entre política de Estado y moral religiosa vuelven a desdibujarse, esta vez bajo un discurso que reconoce la necesidad de fomentar la educación sexual integral –derecho que la propia Iglesia supo obstaculizar– pero para justificar las “decisiones responsables” que la religión exige frente a la vida sexual. Por otro lado, reaparece la idea de “vida humana desde el momento de la concepción”.
“Es un argumento tramposo, de doble moral. Primero hay que dar el debate biológico, filosófico, científico y político respecto de la idea misma de vida humana. Desde el sistema jurídico, por ejemplo, el concepto de concepción no es igual al de vida humana. El problema es cuando las ideas religiosas intentan imponerse al resto de la sociedad”, dijo a Contexto la psicóloga y también referente de la Campaña Nacional, Malena Lenta, quien señaló la permanente “culpabilización que las instituciones religiosas, en general, suelen arrojar sobre las mujeres que abortan”.
“Es un argumento tramposo, de doble moral. Primero hay que dar el debate biológico, filosófico, científico y político respecto de la idea misma de vida humana».
Cabe remarcar, tal como informó el portal LATFEM esta semana, que la Convención Sobre Derechos del Niño en su artículo 6.1 reconoce que todo niño tiene el “derecho intrínseco a la vida”, pero no reconoce el derecho a la vida antes del nacimiento ni tampoco se refiere al momento en el cual comienza la protección de la vida. Según sostiene la nota, esto es así porque en el proceso de elaboración de la Convención no hubo consenso para introducir cuestiones como “desde la concepción”.
Hasta el día de hoy, el Comité de los Derechos del Niño no aplicó el artículo 6 de la Convención para proteger embriones e incluso recomendó a la Argentina avanzar hacia la despenalización del aborto. Pidió al país que adopte “medidas urgentes para reducir la mortalidad materna relacionadas con el aborto” y que “enmiende el artículo 86 del Código Penal en el ámbito nacional para prevenir las disparidades en la legislación provincial vigente y en la nueva en lo que respecta al aborto legal”.
A su vez, la omisión de la salud pública como elemento fundamental en la discusión por parte del Episcopado, destaca el carácter moral del comunicado. La médica y militante de la Red Contra el Aborto Inseguro en Argentina, Julia Gatica, sostuvo que “la religión tiene derecho a bajar la línea doctrinaria que considere, pueden opinar para sus fieles, pero no para todo el conjunto de personas a quienes compete esta discusión. No hay que mezclar las cosas”. Gatica agregó: “Esto busca asegurar derechos para evitar más muertes inútiles”.
El debate sobre el aborto está en pleno marco de lucha por llegar al Congreso, y su presión en la agenda pública ha logrado que múltiples actores deban posicionarse de manera ineludible frente a la tema. En este aspecto, la Iglesia decidió invitar al “diálogo democrático” para “escuchar las distintas voces”. Gatica destacó como “una señal positiva que estos temas se puedan debatir al aire, decirlos, comentarlos y no tener que quedar como si fuéramos un ‘grupete de feminazis que queremos salir a matar’”.
