Quince organizaciones latinoamericanas participaron de una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hablar de los efectos del cambio climático en América Latina y presentaron propuestas dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad, como comunidades indígenas, mujeres, niños y campesinos.
La solicitud de audiencia fue presentada por Fundación Pachamama (Ecuador), Dejusticia (Colombia), Earth Rights International (regional), AIDA (regional), FUNDEPS (Argentina), FIMA (Chile), DPLF (regional), IDL (Perú), CELS (Argentina), Engajamundo (Brasil), AHCC (Honduras), Conectas (Brasil), FARN (Argentina), CEMDA (México) y La Ruta del Clima (Costa Rica).
El documento difundido por estas entidades cuenta del impacto sobre los derechos humanos que se produce en varias fases del ciclo del cambio climático: durante la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, en los efectos negativos de los eventos climáticos y en las soluciones que se plantean para paliar la crisis. En este sentido, el asesor en Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) sostuvo que «esta audiencia es un paso importante para seguir incorporando institucionalidad en la defensa de los derechos de las personas frente a la vulnerabilidad que genera el Cambio Climático».
«es un paso importante para seguir incorporando institucionalidad en la defensa de los derechos de las personas frente a la vulnerabilidad que genera el Cambio Climático»
En el 173º período de sesiones de la CIDH, llevado adelante en Washington, Estados Unidos, las cuatro comisionadas integrantes del panel (Esmeralda Arosemena de Troitiño, Antonia Urrejola, Margarette May Macaulay y Soledad García-Muñoz) escucharon el testimonio de los representantes de la sociedad civil. Durante la exposición se hizo foco en las desigualdades estructurales de América Latina y el Caribe y en cómo pueden exacerbar los impactos en los grupos vulnerables que, cabe destacar, son los que menos contribuyeron a la crisis climática.
Entre otras temáticas, en la audiencia se abordaron ejes como el acceso al agua, la participación de las empresas, los daños de la contaminación, el fracking, el extractivismo, la minería en ecosistemas sensibles y la deforestación. Un punto resaltado tanto por las organizaciones como por las comisionadas fue la importancia de exigir el cumplimiento de derechos humanos a empresas, en particular a las corporaciones internacionales, teniendo en cuenta el importante rol que juegan frente a la crisis climática.
«Las comisionadas dieron la bienvenida a la solicitud de audiencia, reconocieron la necesidad de asumir la crisis climática con la urgencia y relevancia que las circunstancias ameritan, y manifestaron su voluntad para continuar desarrollando y profundizando los distintos aspectos de la lucha contra la crisis climática desde este espacio», expresaron desde la FARN. Asimismo, desde el Centro de Estudios Legales y Sociales sostuvieron que hicieron énfasis en «el rol crucial del Sistema Interamericano en generar sus propios estándares en materia de empresas y derechos humanos, los cuales garanticen el acceso a información ambiental para evitar conflictos de interés en procesos de toma de decisiones públicas».
las organizaciones pidieron que la CIDH inste a los Estados de la región a tomar acciones que pongan fin a las actividades que agravan la crisis climática.
En este marco, las organizaciones pidieron que la CIDH inste a los Estados de la región a tomar acciones que pongan fin a las actividades que agravan la crisis climática, tales como la explotación de hidrocarburos, el carbón, las plantas generadoras de energía a combustión y la construcción de megaproyectos. Además, reclamaron modelos de transición energética que garanticen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, a partir de la eliminación de los patrones de violencia generados por la política extractivista actual. En este sentido, también solicitaron que se exija a los países latinoamericanos incluir al público en el acceso a la información, la toma de decisión y el acceso a la justicia en cuestiones climáticas, y que para todo ello se implemente la igualdad de géneros.
Por último, se dirigieron a la CIDH a fin de que se incorpore la crisis climática como un asunto prioritario que amenaza todos los derechos humanos y los ecosistemas. Para cumplir con este fin, propusieron que se impulsen las peticiones y medidas cautelares relacionadas con el cambio climático y sus medidas de respuesta y que enfaticen la responsabilidad de las empresas y las instituciones financieras.
Desde la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) hablaron de la importancia en que la CIDH reconozca los impactos que la crisis climática ocasiona en la región a fin de que «exija concordantemente a los Estados profundizar sus políticas de prevención, regulación, mitigación y adaptación en pos de garantizar el desarrollo humano y social en condiciones ambientales sanas y equilibradas».
