Organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, activistas LGBT y feministas, espacios culturales y sindicatos de La Plata realizaron este lunes una conferencia de prensa para repudiar el proyecto que el Ejecutivo local envió al Concejo Deliberante para reformar el Código de Convivencia Ciudadana, al cual consideran “represivo” e instaron que “se dé de baja”.
«Nos encontramos en alerta ante un nuevo intento del intendente Julio Garro de impulsar un código represivo, inconstitucional, xenófobo y clasista», comenzaron manifestando en la rueda de prensa realizada este lunes por la mañana en las puertas del Palacio Municipal.
Vale recordar que a mediados de octubre el intendente reflotó la iniciativa que viene presentando desde 2018 y que en 2019 generó importantes movilizaciones de un amplio sector de organizaciones, que ahora volvieron a pronunciarse en contra de la medida.
Si bien busca regular actividades como la pirotecnia, el cuidado de animales domésticos y penalizar el acoso callejero, el proyecto 2020 tiene importantes puntos de controversia, entre ellos, la criminalización de la venta ambulante, los límites a la protesta social y la prohibición del trabajo sexual.
Respecto del primer punto, el anteproyecto establece en los artículos 178 y 179 «multas de 20 a 2.000 módulos o arresto hasta treinta días». El 181 señala que «el ofrecimiento a viva voz de productos o el empleo de adminículos sonoros destinados a llamar la atención del público será sancionado con multa de 20 a 1.000 módulos».
El artículo 150, en tanto, hace referencia a manifestaciones y piquetes y expresa que las movilizaciones o manifestaciones «deberán trasladarse circulando por las veredas, respetando los pasos peatonales y las señales semafóricas»; asimismo destaca que «excepcionalmente, y cuando por la cantidad de personas participantes se deban movilizar o manifestar sobre la calzada, deberá habilitarse un carril para la circulación vehicular».
Según detalla este punto, «se encuentra expresamente prohibido obstaculizar la vía de circulación del transporte público» y establece que «los organizadores de la protesta, que infringieren las conductas descriptas en este artículo, serán sancionados con multa de 50 a 1000 módulos y/o arresto de hasta 30 días».
En cuanto al trabajo sexual, establece multas de 100 a 900 módulos o arresto de hasta quince días a quien «ofreciere, solicitare, negociare o aceptare directa o indirectamente servicios sexuales retribuidos, en el espacio público».
Con este anteproyecto, las organizaciones sostuvieron en la conferencia de prensa que «lejos de promover la convivencia, el proyecto del Ejecutivo municipal tiene como objetivo reprimir la protesta social, así como el trabajo ambulante, el sexual, el de la economía popular, la cultura y las expresiones de la juventud».
En ese sentido, consideraron que el proyecto es «sumamente reaccionario» al restringir «la utilización del espacio público de los platenses en favor de los negocios privados», cercenando «de esta manera los derechos de la población».
«Se trata de una respuesta punitiva y estigmatizadora en un contexto de crisis económica que se plasma en el aumento sostenido de la desocupación, la pobreza y la precarización sistemática de las condiciones de vida», sostuvieron. «Garro pretende responder con palos, multas y cárcel. En ese sentido, este Código amplía el brutal poder de actuación represiva de la policía, que sostenidamente persigue, vulnera los derechos y criminaliza a las comunidades migrantes, LGBTI y las clases populares en general», apuntaron.
«Por todo eso, rechazamos el Código Represivo de Garro, exigimos que se dé de baja el proyecto e informamos que en las próximas semanas estaremos anunciando movilizaciones para hacernos escuchar e impedir que esto avance», concluyeron.
