El mentado «Partido Judicial» vuelve a operar en función de garantizar impunidad, en este caso, para los sectores implicados en la causa conocida como «Lago Escondido». Es que una decisión de la Cámara Federal de Comodoro Py declaró este jueves la nulidad de una orden de entrecruzamiento de llamadas entre los actores involucrados, acción que había sido decidida cuando la causa tramitaba en la Justicia de Bariloche.
Esta medida quedó ahora anulada por la cámara porteña con el voto mayoritario de los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah. La medida se había ordenado para comunicaciones entre el 1º de septiembre y el 15 de octubre de 2022, pero no llegó a ponerse en marcha.
La investigación se centra en el viaje privado realizado por funcionarios de la gestión porteña de Horacio Rodríguez Larreta, directivos del diario Clarín y actores del Poder Judicial a una quinta ubicada en la mencionada región de Bariloche. La trama de complicidad político-mediático-judicial implicada en el viaje salió a la luz a través de una serie de chats filtrados en los medios, proveniente de un grupo que compartían varias de estas personas.
Cabe recordar que el expediente de esta causa tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D’Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
En ese marco, la decisión provocó el rechazo de figuras del ámbito político y judicial. Tal fue el caso del diputado Leopoldo Moreau, del Frente de Todos, quien salió a pronunciarse. «Otra trapisonda del Partido Judicial. Sólo falta que por medio de un fallo dicten una especie de Ley de Autoamnistía que establezca que cualquier delito perpetrado por un juez (prevaricato, dádiva, abuso de autoridad, etc.) está eximido de responsabilidad penal. Ya no hay límite para la desvergüenza», expresó el legislador en Twitter.
Por otro lado, desde Comodoro Py también ratificaron la decisión de no aceptar a la AFIP como querellante. «Las competencias de la AFIP están fijadas normativamente, y se ciñen a la ejecución de la política tributaria y aduanera de la Nación», por lo que no se advierte que «se esté ante un supuesto en que la ley autorice a constituirlo como querellante», sostuvieron los camaristas Farah e Irurzun. También se rechazó el pedido de AJUS La Plata para ser amicus curiae en el expediente.
Farah también determinó en forma unipersonal rechazar por «mal concedida» la apelación que había motorizado Yadarola pidiendo el apartamiento del fiscal Federico Delgado en el expediente. La presentación sostenía que el funcionario había incurrido en pérdida de objetividad.
