Tras ser incorporado al temario de sesión por Cambiemos, el Congreso aprobó ayer el proyecto de derogación de ocho artículos de la Ley Nº 26.736, de 2011, que estaba pensada para democratizar el acceso al papel de diarios. El proyecto de derogación de los artículos 20, 21, 24, 25, 26, 27, 40 y 41 llegó de la mano de Diego Bossio y su aprobación representa un nuevo privilegio para la concentración mediática y un duro golpe a las voces alternativas.
“Se legalizará la posibilidad de los grandes grupos de obturar a la competencia fijando precios discriminatorios en el insumo fundamental”, dijo a Contexto el diputado cordobés del Frente para la Victoria-PJ, Pablo Carro, cuyo bloque se pronunció en contra del proyecto que se aprobó al fin por 127 votos a favor, 66 en contra y 3 abstenciones.
El legislador agregó: “Como en la dictadura –cuando un puñado de empresas con préstamos estatales se apropiaron de la empresa, la energía de la planta estaba subsidiada y se subieron los aranceles de importación–, el Estado vuelve a intervenir fuerte: no para garantizar la igualdad de oportunidades y la libertad de expresión, sino para promover mayor concentración”. Además del diputado justicialista Diego Bossio, el proyecto lleva las firmas de los líderes del bloque de Cambiemos Mario Negri y Nicolás Massot, del jefe del interbloque del PJ federal, Pablo Kosiner, y de los massistas Marco Lavagna y Alejandro Grandinetti, entre otros.
Pablo Carro (FPV-PJ): “Como en la dictadura, el Estado vuelve a intervenir fuerte no para garantizar la igualdad de oportunidades y la libertad de expresión, sino para promover mayor concentración”.
Carro manifestó que hubo un deliberado “tratamiento exprés del proyecto” y que, al dictamen que llegó al recinto “se arribó en muy pocos días, sin consultarle a nadie”. La presidencia de la Cámara giró el proyecto sólo a la Comisión de Comercio, pese a que la ley modificada había sido tratada originalmente también en las de Asuntos Constitucionales y Libertad de Expresión, y había tenido una ronda de consultas.
El proyecto que obtuvo ayer la media sanción elimina el artículo 20, hecho que descarta “la obligación de comercializar el papel para diario a un precio único y público de pago” –establecido por una fórmula específica definida en la ley–. Este artículo evita que las proveedoras de este insumo puedan vender a un valor preferencial a ciertos medios –en especial, Clarín y La Nación– en perjuicio del resto.
En tanto, la derogación de los artículos 24, 25, 26 y 27 afecta la regulación de la cantidad de producción nacional y de importación de pasta celulosa y papel para diarios, pensada para asegurar el abastecimiento pleno del mercado local.
En el caso del artículo 25, los fabricantes de pasta celulosa y de papel para diarios debían comprometer una proyección de capacidad a tres años en función de los programas de inversión que van a llevar adelante. Según el artículo 26, la “Comisión Federal Asesora para la Promoción de la Producción y Uso Sustentable de Pasta Celulosa y de Papel para Diarios” determinaba el máximo de producción nacional y las necesidades de importación para abastecer al mercado local.
Por su parte, los artículos 40 y 41 estaban destinados al rol del poder público en la capacidad operativa, financiamiento y abastecimiento de la producción de papel. En caso de derogarse ambos, reduciría el rol del Estado en estos puntos.
