Por Pablo Pellegrino
Desde hace algunas semanas, la mesa de unidad sindical de Chubut, que nuclea a distintos gremios de empleados estatales, instaló una carpa frente a la gobernación provincial para reclamar canales de negociación y diálogo con la gestión de Mariano Arcioni, que suplanta al fallecido gobernador Mario Das Neves, para evitar el pago de salarios escalonados, la falta de prestaciones médicas de la obra social SEROS, la apertura de paritarias (el último aumento fue en abril del año pasado) y el cese de los despidos en el sector.
La respuesta al paro de 48 horas con movilización a la Casa de Gobierno decretado por los trabajadores fue la represión que terminó en tragedia. Mientras la policía estableció un cordón humano en las puertas de la gobernación, que, según denuncian los trabajadores, estaba vacía, el comisario Néstor Chávez se descompensó y murió de un paro cardíaco. Anoche no había información oficial sobre el fallecimiento del uniformado, pero las imágenes captadas por distintos medios que cubrían el operativo no muestran que haya sido agredido por los manifestantes. Minutos después de la descompensación de Chávez, comenzaron las balas de goma y los gases lacrimógenos para dispersar la movilización.
“Lamentamos mucho lo que sucedió hoy y los incidentes que se produjeron. Es una tragedia que se podría haber evitado”, dijo a Contexto el secretario general de ATE Chubut, Guillermo Quiroga, quien responsabilizó al gobernador Arcioni y su secretario de Seguridad, Federico Massoni, por el fallecimiento del policía. “Era un oficial que estaba con tareas pasivas y que ya tenía una edad avanzada. Además, registramos que el ministro de Seguridad mandó a esa persona y a dos mujeres sin casco, escudo ni nada”, manifestó.
“Era un oficial que estaba con tareas pasivas y que ya tenía una edad AVANZADA. ADEMÁS, registramos que el ministro de seguridad mandó a esa persona y a dos mujeres sin casco, escudo ni nada”
Además, el dirigente se solidarizó con el resto de los uniformados “porque son empleados estatales como nosotros y están pasando una situación similar: la policía de Chubut no tiene aumento salarial desde hace dos años”.
“El mismo personal policial está pidiendo la renuncia del ministro de Seguridad, entendiendo que nosotros como ellos solamente reclamamos que nuestros derechos sean reconocidos”, expresó Quiroga.
El secretario general de ATE Chubut recordó que desde el 6 de diciembre del año pasado iniciaron los reclamos para habilitar vías de diálogo con el gobierno provincial, pero desde entonces no tuvieron respuestas, y consideró que “en la provincia tenemos un panorama terrible desde el punto de vista económico y financiero, con hechos de corrupción escandalosos”.
El principal reclamo de los trabajadores es el pago de salarios escalonado que implementó por tercer mes consecutivo la gestión de Arcioni y que desdobla los pagos por rango. Así, algunos trabajadores llega a cobrar su sueldo el día 25 de cada mes, dependiendo de la jerarquía. “Esta situación afecta y deprecia el poder adquisitivo, porque se paga todo con intereses producto de la mora en alquileres, tarjetas, préstamos o lo que sea”, explicó el dirigente gremial.
El ajuste del gasto público que viene aplicando el gobierno también llegó a la obra social SEROS, que suspendió varias prestaciones médicas y obliga a los afiliados a pagar un plus por algunos servicios. Otra de las grandes demandas de la mesa de unidad sindical es el restablecimiento de las negociaciones paritarias, que no se abren desde abril de 2017, y la suspensión de los despidos.
Sobre este punto, la diputada provincial Gabriel Dufour del FpV explicó a Contexto que en el mes de enero la legislatura chubutense sancionó una ley para impedir que el gobierno continúe con los despidos en el sector público, que fue inclumplida por Arcioni “buscando recovecos e interpretaciones erróneas que iban en contra de esa ley”. Por eso, los legisladores insistieron y el pasado martes sancionaron otra ley para complementar la primera y evitar el despido de cualquier trabajador sin importar la modalidad de contratación a la que esté sujeto.
“Lo primero que sentimo es consternación, porque cuando se producen estas situaciones uno siempre prioriza que no haya heridos ni mucho menos muertos”, manifestó la diputada sobre los sucesos ocurridos en la mañana del jueves.
“Mi preocupación es que lamentablemente hoy el gobierno provincial en cabeza del Ejecutivo tiene una actitud de no generar espacios de diálogo ante una situación de crisis que es real: la provincia está viviendo una crisis económico-financiera, pero también una crisis institucional”, consideró Dufour, y apuntó contra la “falta de expertise de un gobernador que se rodeó de ministros con una matriz ideológica donde la represión y el cargo de culpas sobre los trabajadores es su única guía”.
La diputada analizó los principales hechos que llevaron a la crisis que atraviesa la Administración provincial que encuentra en este conflicto la punta de un iceberg mucho más profundo. “Tenemos un gobierno nacional con políticas de ajuste para las provincias, la cuestión del endeudamiento que se convierte en un salvavidas de plomo para la provincia y un nivel de corrupción que hicieron un caldo de cultivo para esta situación”, resumió.
“En una provincia petrolera como la nuestra, la baja del precio del barril de petróleo nos impacta directamente. Veníamos de una política nacional en la que cuando ocurrían estas cosas había acciones gubernamentales que ayudaban a la provincia a compensar, pero el cambio de gobierno hizo que el mercado regulara la producción petrolera y así comienza en 2016 la crisis”, analizó la legisladora.
En este sentido, cabe recordar que durante el primer año del gobierno de Mauricio Macri se eliminó el esquema de desacople de los precios internacionales que se había impuesto durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, que permitía morigerar las pérdidas en el sector petrolero ante la baja de precios de las commodities. Así como en el caso de los combustibles, se liberalizaron las regulaciones en el sector y, desde entonces, la producción hidrocarburífera cayó sostenidamente.
“Empezó a generarse una reducción en los ingresos de la provincia, atado a malas decisiones del gobierno de Das Neves, que tiene un vínculo histórico con las petroleras, y en lugar de exigir que mantuvieran los niveles de producción, las autorizó a bajarla”, continuó la diputada, y agregó: “Esto agravó la crisis y para salir de esa situación recurren a un endeudamiento muy mal hecho, con tasas muy altas en un contexto donde los mercados priorizan la especulación, y, al no tener ingresos la provincia, se agravan las obligaciones y los gastos”.
En 2016, el gobierno de Mario Das Neves emitió bonos a diez años en dólares y la provincia se hizo de US$ 650 millones con el fin de refinanciar obligaciones anteriores y realizar obras provinciales y municipales. Un artículo publicado por Sebastián Soler en el sitio Elcohetealaluna.com analiza la situación de esa financiación y sostiene que “según un informe del 13 de septiembre de 2017 de FixScr S.A., una de las dos empresas calificadoras de riesgo contratadas por el gobierno provincial para evaluar el perfil de riesgo de su deuda pública, ninguno de los dos objetivos contemplados en la autorización legal se cumplió del todo”.
A la delicada situación marcada por la crisis en el sector petrolero y financiero, la diputada Dufour suma un tercer factor determinante: “Un nivel de corrupción que ha terminado en los últimos meses con detenciones de funcionarios hasta en la Casa de Gobierno, e incluso hoy se produjo la detención de un exfuncionario que quedó tapado por los sucesos de la represión”.
Gustavo Quiroga adhirió al análisis que hizo la diputada sobre el camino recorrido por la provincia para llegar a este estado, pero agregó también las consecuencias que traerá la adhesión al Pacto Fiscal impulsado por Mauricio Macri: “Hoy los municipios pueden pagar salarios pero esto no va a pasar el año que viene, cuando ya no puedan percibir recaudaciones por ingresos brutos. Hemos perdido la autonomía en ese sentido, y lo que reciben hoy son compensaciones de carácter transitorio. Hay metas que hay que cumplimentar y todas afectan los recursos genuinos de la provincia”, dijo el dirigente.
