Tras una decisión tomada por amplia mayoría en la sesión del cuerpo legislativo, el Parlasur decidió avanzar con los procedimientos para llevar a juicio político a uno de sus integrantes, Fabián «Pepín» Rodríguez Simón, acusado por la Justicia de integrar la red de hostigamiento judicial durante la presidencia de Mauricio Macri. Rodríguez Simón, que en la actualidad es diputado del organismo internacional por Juntos por el Cambio, enfrenta un proceso que podría significar su destitución.
«En la sesión LXXV plenaria del Parlasur, aprobamos por mayoría especial el procedimiento para el pedido de destitución de los mandatos de Fabian ‘Pepín’ Rodríguez Simón, de Juntos por el Cambio, y Celso Troche, de Paraguay, por falta de decoro en el ejercicio de sus funciones», anunció ayer el representante parlamentario de la provincia de Chaco, Julio René Sotelo.
El proyecto aprobado fue discutido semanas atrás y establece las reglas para el procedimiento de juicio político que se llevará a cabo en el marco de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlamento del Mercosur.
A pesar del pedido de captura nacional e internacional solicitado por la Justicia argentina y la alerta roja de Interpol que pesa sobre él, Rodríguez Simón pudo participar de la sesión parlamentaria que se desarrolló este miércoles vía Zoom. Allí, el ex asesor de Mauricio Macri y actual prófugo de la Justicia pidió que se «revea el código de ética» y realizó una intervención en su propia defensa.
«¿La falta de decoro qué es? ¿Colgarse de la luz de otro? ¿Usar las influencias? Hay que definir cuál es la conducta. Si se hiciera esto, tendríamos un código de ética que defina qué es la falta de decoro, tendríamos el tipo de sanción y de procedimiento a aplicar con lazos ciertos, algo que este no tiene», señaló el funcionario acusado de formar parte de la «Mesa judicial» durante la presidencia de Macri, que se dedicaba a tareas hostigamiento a figuras políticas de la oposición y empresarios.
En el caso puntual de Rodríguez Simón, es investigado por haber presionado durante la era de Cambiemos al grupo empresarial Indalo, perteneciente a Cristóbal López y Fabián De Souza, para deshacerse del apoderamiento de las firmas que integraban el holding. También se lo acusa de exigir que cambiasen la línea editorial de los medios de comunicación a cargo de ambos empresarios, críticos a la gestión neoliberal de Mauricio Macri.
En tanto, el operador judicial de Cambiemos permanece desde el 8 de diciembre de 2020 en Uruguay, país en el que pidió asilo político para eludir la citación a dar declaraciones ante la Justicia, solicitada por la jueza María Romilda Servini. Tras negarse a presentarse, la magistrada lo declaró en rebeldía e impulsó un pedido de captura internacional.
Al conocerse el accionar de Pepín Rodríguez Simón, el bloque del Frente de Todos en el Parlasur comenzó a debatir y elaborar en mayo el proyecto de juicio político que fue habilitado durante la sesión de este miércoles.
