Por Leandro Gianello
La representación platense de la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA) realizará desde hoy un «paro de cargas de celulares y de SUBE» para manifestar su desacuerdo con las medidas adoptadas por la Municipalidad de La Plata, que exige el cierre a las 22hs para los comercios del rubro que expendan bebidas alcohólicas.
Según anunciaron, la medida que arranca hoy se extenderá hasta el miércoles 15 inclusive, y tiene como objetivo manifestar el desacuerdo “con todas estas medidas, sobre todo la obligación de cierre” en el horario estipulado por Control Urbano.
Además, la suspensión del servicio de carga a celulares y a la tarjeta SUBE busca mostrar la unidad de la UKRA, con el fin “de poder ser visibles (ante el municipio) para que nos tengan en cuenta y dejen de pasarnos por arriba”, explicó la UKRA en un comunicado.
Los kiosqueros vienen reclamando desde que la ordenanza fue aprobada hace más de un mes por el oficialismo en el Concejo Deliberante, y denuncian que desde la intendencia buscan prohibir “cualquier otra cosa que se les ocurra para seguir recaudando de forma legal e ilegal”.
La Unión de Kiosqueros platense junto a otros comerciantes locales, abogados, especialistas en el tema y otros ciudadanos reclaman el veto de la legislación impulsada por el director de la oficina de Control Urbano, que fue aprobada el 27 de mayo por el Concejo Deliberante y a la que se opuso el bloque del FpV Nacional y Popular, encabezado por la candidata a intendenta Florencia Saintout.
hay una profusión “de medidas que se están planificando en perjuicio de nuestro trabajo”, para beneficiar “a grandes comercios, como super e hipermercados y grandes bares y boliches”.
Desde la entidad advierten que desde la Municipalidad hay una profusión “de medidas que se están planificando en perjuicio de nuestro trabajo”, tendientes a beneficiar “a grandes comercios, como super e hipermercados y grandes bares y boliches”.
Y denuncian que la comuna descarga sobre los kiosqueros “toda la responsabilidad de lo que ellos no saben cómo resolver con políticas públicas que beneficien a la sociedad toda”, afirmaron.
Desde que la ordenanza fue aprobada a instancias del intendente Pablo Bruera, los kiosqueros de la capital de la provincia vienen denunciando que la media afecta a entre 6 y 8 mil comercios, que deberán cerrar antes de las 22hs, a riesgo de ser sancionados con multas de hasta $175.000, clausuras o cierres definitivos.
Para los comerciantes de barrio, la obligación de cierre es «un súbito espasmo” del municipio para sortear “un asunto que en todo excede a una cuestión horaria”. Según la UKRA, la reducción en el horario no implicará una disminución en el consumo de alcohol en la población, ya que, según datos de los proveedores, “sólo el 10% del total de las bebidas alcohólicas consumidas son adquiridas en pequeños comercios”, siendo la mayor parte comercializada en grandes cadenas, mercados y supermercados.
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