Por Roberto Álvarez Mur
El único refugio en Buenos Aires destinado a asistir víctimas de trata y explotación no había recibido hasta ayer ni un solo mes de pago del Convenio del año 2016 que debe abonar la provincia de Buenos Aires. El dato surgió durante una reunión que las diputadas bonaerenses Lucía Portos y Karina Nazábal mantuvieron con legisladores del Frente para la Victoria (FPV) ante el peligro de cierre de la institución.
Se trata de la entidad de Avellaneda “Tiempo de Crecer”, gestionada por la ONG que lleva el mismo nombre, que es la única que funciona en la provincia para atenciones de este sector específico, aun cuando la gobernadora María Eugenia Vidal había anunciado la creación de cincuenta sitios de este tipo, promesa que todavía no cumplió.
Según informaron, hasta el día de la reunión no se había efectivizado el pago de ninguna cuota del Convenio del año 2016, lo que agrava la situación de vulneración de derechos de la veintena de víctimas alojadas en el lugar y de todo el personal que trabaja para mantenerlo abierto. “Nos preocupa el desinterés de la provincia con este tema tan grave y que afecta a mujeres y niñas de nuestra provincia”, anunció Nazábal días antes de la reunión.
“El refugio tiene convenio con el Ministerio de Justicia hasta fin de diciembre, firmado. el Gobierno no desembolsó ni un mes de pago”. Lucía Portos.
“El refugio tiene convenio con el Ministerio de Justicia hasta fin de diciembre, firmado. No hay intención de renovar el convenio, y desde que se firmó en marzo de este año con efecto retroactivo a enero el Gobierno no desembolsó ni un mes de pago”, dijo a Contexto la legisladora Lucía Portos, quien explicó, además, que el convenio es mantenido con el refugio a través de la ONG que lo gestiona, perteneciente a un cura del obispado de Quilmes. “La inquietud nos la hizo llegar la diputada Mayra Mendoza, que es de Quilmes también”.
Tiempo de Crecer Asociación Civil forma parte del Sistema de Refugios para Víctimas de trata con fines de explotación, creado por la Ley Provincial Nº 14.473, donde, desde hace dos años, se derivan personas de la Dirección Provincial de Lucha contra la Trata de Personas del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires.
En tanto, en la reunión que se desarrolló ayer a las 15 hs en la sala 52 de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia entre Portos y Nazábal con representantes de Tiempo de Crecer, también participaron los legisladores del FpV Miguel Funes y César Valicenti.
“Las políticas del macrismo son de un nivel de improvisación extraordinario, de una enorme falta de respeto. Las personas que trabajan día a día en esta ONG se sintieron manoseadas desde el primer momento por esta gestión”, dijo Portos, y agregó: “Desde diciembre del año pasado no han recibido ningún pago y nunca hicieron más que buscar maneras de solucionarlo. Imaginemos la paciencia extraordinaria ante once meses retaceando pagos, liberando personal, poniendo plata propia”.
“Las políticas del macrismo son de un nivel de improvisación extraordinario, de una enorme falta de respeto. Las personas que trabajan día a día en esta ONG se sintieron manoseadas.»
Ante la preocupante situación, la diputada provincial Karina Nazábal presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo provincial para que explique las motivaciones del vaciamiento y las medidas que planea asumir el Ejecutivo para cumplir con la asistencia integral de víctimas de trata de personas en la provincia de Buenos Aires.
“La autoridades de la ONG, además, presentaron una nota formal ante el Ministerio de Justicia. Nosotros pensamos brindar toda nuestra colaboración desde nuestro bloque”, añadió Portos.
Por su parte, la diputada Karina Nazábal ya tiene antecedentes de intervenciones ante la falta de respuestas de la gobernadora Vidal sobre vulneración de derechos. Vale recordar la solicitud de informes dirigida en abril de este año al Poder Ejecutivo provincial para conocer los mecanismos que se estuvieran articulando en la puesta en marcha de la Ley 14.783 de Cupo Laboral para Personas Trans “Diana Sacayán”. En aquel entonces, las diversas agrupaciones del colectivo trans llevaban casi cinco meses en reclamo de la implementación de la ley.
