El jardín Pasito a paso funciona como cooperativa Las Acacias desde el año pasado, tras la quiebra de la institución por problemas económicos. La escuela de los mismos dueños, Paso del Libertador, cerró y se esperaba que volviera a abrir en 2021, también como cooperativa. Las y los docentes del jardín eligieron este tipo de administración para evitar sesenta despidos y que trescientas familias se vieran obligadas a cambiar a sus hijos e hijas de la institución. Así, en 2019 el jardín repuntó, e incluso este año incorporó a más docentes y amplió su matrícula.
Pero este año volvieron los problemas. El Juzgado Civil y Comercial Nº 13 de La Plata ordenó el remate de los muebles del jardín, en respuesta favorable a una solicitud del año pasado de parte del síndico de la institución. «En febrero la Justicia había dictaminado la subasta pública de los muebles. Entonces presentamos una apelación y el juez la rechazó. Ahora apelamos ese rechazo, que viola derechos constitucionales elementales, como el derecho a la educación y el trabajo», afirmó a Contexto Yamila Berdún, directora del jardín.
«Los muebles forman parte del proyecto educativo. Son pizarrones, sillas, mesas, bibliotecas. Las clases funcionan normalmente desde el 2 de marzo y los muebles están dentro del jardín. Esto es una medida arbitraria y violenta», cuestionó. «Además, los muebles tienen veinticinco años, el mismo tiempo que el jardín, y su valor no llega a cubrir ni el 10% de una de las indemnizaciones», continuó.
La directora explicó que la cooperativa hizo tres ofertas formales para comprar los muebles en su totalidad, por un valor de 700.000 pesos, pero la Justicia las rechazó. «La ley establece prioridad directa a nosotros como cooperativa para la compra de los muebles. Y también lo podríamos hacer a través de los créditos laborales. Sería otra manera de compensar las indemnizaciones», completó.
Según señalan las docentes, en diciembre de 2019 la empresa que gestionaba el jardín anunció el cierre de la institución debido a los efectos de la crisis económica del país. En febrero de 2019 el jardín presentó la quiebra, y los muebles, por decisión de la Justicia, quedaron a resguardo de las y los docentes. Tras la habilitación oficial de Provincia, la institución retomó sus actividades, ya como cooperativa.
La directora advirtió que el síndico amenazó a las autoridades con irrumpir en el jardín en horario de clases, apoyado en las fuerzas de seguridad, para mostrar los muebles a posibles compradores.
«Nos cuesta entender cómo la Justicia sigue poniendo por delante los derechos particulares y privados de una empresa privada que decidió dejar en la calle a sesenta trabajadores y a trescientas familias sin escuela», cerró Berdún.
