En un marco donde la región de Cushamen se convirtió en el escenario de un debate nacional por el reclamo de la comunidad Pu Lof sobre tierras históricamente ocupadas y explotadas por la firma Benetton, organismos nacionales e internacionales alertaron sobre el inminente vencimiento en noviembre de la Ley Nº 26.160, que prohíbe desalojar comunidades originarias de territorio indígena.
“Partimos de la base de que hay un reconocimiento legal a la posesión comunitaria indígena. La Ley 26.160, en 2006, se establece en un marco de emergencia debido a la enorme cantidad de desalojos que existía ante el avance del sector agropecuario”, dijo a Contexto el abogado Marcelo Lezcano, miembro del Observatorio Regional de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas y de la Asociación de Abogados/as de Derecho Indígena (AADI). Ambos organismos presentaron la solicitud de prórroga junto al CELS y Amnistía Internacional.
“Por un lado establece la suspensión de los desalojos que recae sobre el sujeto de derecho colectivo que es la comunidad indígena, y por otro lado establece un relevamiento técnico-jurídico catastral sobre los territorios, es decir, reconoce la posesión de las comunidades”, agregó Lezcano.
Cabe recordar que el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas en el país, y otorga legitimidad institucional a las comunidades.
En ese sentido, la posible caída de la ley se da en el apremiante contexto en el que la propia ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, declara ante los medios: “No vamos a permitir una nación mapuche en medio de la Argentina”. La estigmatización de los pueblos originarios se profundizó desde la represión sucedida a principios de agosto en Chubut, donde, se sospecha, un operativo de Gendarmería secuestró y desapareció a Santiago Maldonado.
La legislación, sancionada en 2006 y prorrogada en 2009 y 2013, instó al Estado a llevar a cabo un relevamiento de la situación legal de los territorios a cargo del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). En la actualidad, se encuentran registradas más de 1.500 comunidades originarias en Argentina.
“Estamos frente a una situación de alta conflictividad. El territorio no es un simple terreno o lote, es donde los pueblos originarios han establecido sus vidas, están sus plantaciones, sus ancestros. Está su estilo de vida allí”, dijo Lezcano. Y agregó: “Estas políticas no se llevan individualmente por el Estado, sino con la participación de las autoridades indígenas. Hoy está en juego el caso de los mapuches en Cushamen, pero también hay fuertes luchas por el territorio en Embarcación (Salta), la lucha del pueblo Wichi, el pueblo Guaraní en Misiones. Es una larga lista”.
La discusión de la prórroga comenzó esta semana en Diputados, y la normativa se tratará el próximo 27 de septiembre.
La situación, según relevó Amnistía Internacional, es crítica. Sólo 1.532 comunidades fueron registradas por el INAI, y apenas 459 tienen concluido el relevamiento territorial, pero aún no cuentan con los títulos de propiedad.
“Hay un universo de comunidades no registradas sin acceso a sus derechos humanos”, indicó Amnistía. Por su parte, la Confederación Mapuche y el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) manifestaron su “profunda preocupación” ante el vencimiento de la prórroga de la ley de emergencia territorial indígena.
