Por Fernando M. López
Hernán Schapiro, que integra junto a Marcelo Molina y Juan Martín Nogueira la Unidad Fiscal Federal de La Plata, confirmó a Contexto que en los próximos días presentarán un recurso de Casación contra el arresto domiciliario que se le concedió el viernes pasado a Miguel Etchecolatz, condenado a varias perpetuas por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar y principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López.
“La Corte Suprema, en su fallo de este año sobre la causa Bergés, dijo que los jueces deben basarse en los dictámenes que realiza el Cuerpo Médico Forense, y en el caso de Etchecolatz ese cuerpo estableció que no se encuentra determinado en las causales de salud para la domiciliaria. Por lo tanto, vamos a recurrir las decisiones del Tribunal Oral Federal (TOF) N° 1”, explicó el fiscal.
Pero, antes de ir a Casación, Schapiro, Molina y Nogueira interpusieron una denuncia en el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, para que investigue si los médicos del Servicio Penitenciario Federal (SPF) fraguaron datos sobre la salud del genocida con el objetivo de inducir el beneficio de la prisión domiciliaria.
“Podríamos encontrarnos ante una posible estafa a la administración de justicia a través de la falsedad ideológica de los informes remitidos a la causa por los funcionarios actuantes”, advirtieron en su presentación.
Los datos que habrían sido falseados tienen que ver con el peso de Etchecolatz cuando se declaró en huelga de hambre. El 25 de julio, los médicos del hospital de la cárcel de Ezeiza aseguraron que pesaba 73 kilos, y, dos semanas después, ocho kilos menos, por lo que recomendaron a la Justicia que el imputado regresara a su casa.
Sin embargo, la Unidad Fiscal, en base a los 67 kilos de peso que registró en abril el Cuerpo Médico Forense de la Corte, sostuvo que “no es creíble” que Etchecolatz hubiera aumentado seis kilos en tres meses y que, tras la huelga de hambre, regresara a un peso similar al inicial.
“Sería muy grave si se confirma que existe un mecanismo de estafa procesal dentro del Servicio Penitenciario”, remarcó Schapiro.
Por su parte, Carlos Zaidman, de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD), detalló a Contexto que esta situación fue detectada por las querellas de Justicia Ya y Abuelas de Plaza de Mayo, y consideró “muy probable” que los médicos penitenciaros “le hayan dado una mano” a Etchecolatz.
AEDD recusó ayer a dos de los jueces subrogantes del TOF 1 de La Plata que intervienen en los pedidos de domiciliara del represor, Alejandro Esmoris y Nelson Jarazo, al sostener que “ya han tenido fallos tendenciosos” en juicios por crímenes de lesa humanidad.
“De cualquier manera, nosotros seguimos apostando a la presión popular”, dijo Zaidman, y convocó “a todos” a marchar esta tarde, a partir de las 18hs, hacia los Tribunales Federales de La Plata, ubicados en 8 y 50.
En este marco, apuntó contra el presidente Mauricio Macri y funcionarios PRO como Claudio Avruj, secretario de Derechos Humanos de la Nación, y Darío Lopérfido, actual director del Teatro Colón, quienes promueven la “reconciliación” con los genocidas.
“Quieren un nuevo Punto Final. Que a aquellos a los que se les comprueban asesinatos, secuestros, desapariciones, torturas y robos de bebés se vayan tranquilamente a sus casas, y que los juicios pasen a ser una mera cuestión declaratoria”, subrayó Zaidman.
