La ministra Sandra Pettovello otra vez se encuentra imputada en una causa vínculada a la entrega de alimentos a sectores más vulnerables. Esta vez, la titular de Capital Humano, está acusada por malversación de fondos por 14 mil millones de pesos, destinados a comprar comida que nunca se entregó.
La denuncia presentada por el abogado Leonardo Martínez Herrero, tiene a cargo al juez federal Ariel Lijo y al fiscal Franco Picardi a cargo. Este último decidió imputar a la Ministra y pidió que se la investiga por la presunta malversación de caudales públicos, abuso de autoridad e incumplimiento de sus deberes como funcionaria.
Según la denuncia, Sandra Pettovello el 8 de febrero autorizó con su firma la transferencia de 14 mil millones de pesos al Proyecto del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) denominado «Plan Nacional Argentina contra el Hambre».
Así con su firma, Pettovello autorizó la compra de leche en polvo, arroz y fideos, por un millon de kilos cada articulo.
La denuncia sostiene que “el Programa PNUD implicaba para el Estado un costo de gestión del 3%, o sea 420 millones de pesos, que ya se pagaron”. “El dinero se transfirió, pero el proceso licitatorio no terminó ni continúa, es decir que los alimentos (arroz, fideos y leche en polvo) no llegaron”, advirtió el abogado denunciante.
Los antecedentes de Pettovello
No es la primera vez que la Ministra y la gestión de Javier Milei está involucrada en un escandalo vinculado a los alimentos. Hace casi un año, gracias a una investigación periodistica, se encontraron 6 toneladas de alimentos almacenados en galpones sin entregar a pesar de la creciente pobreza, por lo que Pettovello fue intimada por la Justicia en reiteradas oportunidades para que avance con un plan de entrega.
Este no es el único antecedente que tiene la Ministra. Martínez Herrero, el mismo abogado, ya la habia denunciado por transferir $6.700 millones a la Organización de Estados Iberoamericanos para la compra de alimentos, cuando sólo estaba autorizada para $2.700. A la vez, indica el expediente, al trasladar la compra mediante otros organismos, se pierden los procesos propios de auditorias por parte del Estado.