Por Rocío Cereijo
Los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani solicitaron que se publicara la sentencia del tercer juicio por crímenes de lesa humanidad de Bahía Blanca en el diario La Nueva Provincia. En la jornada de finalización de alegatos también pidieron dieciocho perpetuas y otras cinco condenas de entre diez y veinticinco años de prisión a los represores de la Armada imputados.
“Es hora de que las verdaderas historias de las víctimas desaparecidas y de los sobrevivientes queden plasmadas, también, en las páginas del diario La Nueva Provincia. Porque eso significa que materializamos con hechos concretos, con decisiones judiciales, la verdadera reparación de hechos que todavía causan dolor y daño”, argumentaron el pedido los representantes del Ministerio Público Fiscal.
Este histórico pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca se da en el marco del proceso iniciado contra el único miembro vivo de la junta directiva del medio durante la última dictadura, Vicente Gonzalo Massot.
Este histórico pedido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca se da en el marco del proceso iniciado contra el único miembro vivo de la junta directiva del medio durante la última dictadura, Vicente Gonzalo Massot. “La decisión que les vamos a pedir es, simplemente, el cumplimiento por parte del Estado argentino de la obligación de reparar las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos cometidas por el aparato estatal en complicidad con, en este caso, un medio de comunicación dirigido por civiles, también cómplices”, sostuvo Palazzani.
El terrorismo de Estado perpetrado en la Argentina entre 1976 y 1983 no habría sido posible sin la participación de un aparato cultural del que importantes medios de comunicación fueron protagonistas. En este sentido, La Nueva Provincia realizó aportes esenciales al servicio de las Fuerzas Armadas, y con el fin de legitimar el tipo de agresión emprendida contra las víctimas del terrorismo de Estado las construyó como “delincuentes subversivos” o “enemigos” que era necesario aniquilar.
Sin embargo, su accionar no sólo se limitó a lo discursivo: los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola fueron secuestrados, torturados y asesinados los primeros días del golpe de Estado. A lo largo de la exposición del alegato, también se aportaron nuevas pruebas que involucran directamente a Massot, quien mantuvo asiduas reuniones con los dirigentes gremiales, hecho que había negado.
“Los jueces Deberán ponderar entre dos derechos: el derecho del diario a publicar lo que le venga en gana y el derecho a la reparación biográfica de las víctimas que fueron victimizadas y difamadas en esas páginas.»
“Deberán ponderar entre dos derechos: el derecho del diario a publicar lo que le venga en gana y el derecho a la reparación biográfica de las víctimas que fueron victimizadas y difamadas en esas páginas […] Entre el derecho del diario y el derecho a la verdad y a la reparación de las víctimas acerca de esas graves violaciones, se debe priorizar, sin duda, este último”, dijeron los fiscales al Tribunal.
Nebbia y Palazzani sostuvieron que se trata de un “tardío, pero más que justo y necesario derecho de réplica”, previsto por el artículo 14 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que postula: “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.
Finalmente, los representantes del Ministerio Público Fiscal sostuvieron que el efecto de esta petición “Seguramente les ocupe, solamente, una página de verdad contra tantos años de mentiras. Pero, por sobre todo, y por primera vez, La Nueva Provincia publicará la verdad acerca de lo que sucedió”.
