Por Gabriela Calotti
Las acciones negacionistas y claramente reivindicativas del terrorismo de Estado que están desplegando el Poder Ejecutivo y legisladores oficialistas acrecientan los discursos de odio que empiezan a afectar peligrosamente la vida pacífica en sociedad. El asesinato de la madre de un integrante de HIJOS Córdoba y viuda de un militante desaparecido en 1979 generó consternación y profunda preocupación en organismos de derechos humanos, que el lunes se reunieron con diputados nacionales durante más de tres horas para pedir la expulsión de los diputados libertarios que el 11 de julio visitaron a genocidas, entre estos, a Alfredo Astiz.
El encuentro, que tuvo lugar en el anexo C de la Cámara de Diputados, estuvo encabezado por los diputados Hugo Yasky, Juan Marino y Mónica Macha del bloque de Unión por la Patria (UP), entre otros, junto a Alejandro Vilca, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT). Esos legisladores forman parte de la Comisión de Derechos Humanos y como tal impulsan proyectos para repudiar la visita de diputados a los represores o su expulsión de la Cámara.
Los diputados del bloque que responde al presidente Javier Milei y Victoria Villarruel, que el 11 de julio pasado fueron a visitar a genocidas en la UP Nº 31 de Ezeiza, son Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro –estrecho colaborador de Villarruel–, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Araujo.
Entre los represores, condenados por delitos de lesa humanidad en el marco de un genocidio y con sentencia firme, estaban Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Carlos Guillermo Suárez Mason hijo y Adolfo Donda.
A la reunión de este martes, además de Pérez Esquivel, asistieron la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, Taty Almeida por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e integrantes de la organización HIJOS (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).
«Señores diputados, está en manos de ustedes que realmente decidan que estos individuos no pueden seguir representando al pueblo», afirmó Almeida, para quien «no podemos dejar que este gobierno inhumano siga avanzando, destruyendo y tirando por tierra todo lo que hemos logrado en derechos humanos hasta la fecha».
Al término de la reunión, la diputada nacional Mónica Macha dijo a Contexto que se escucharon los «testimonios y análisis sobre la grave situación que vive hoy Argentina en materia de derechos humanos y los crecientes discursos y acciones negacionistas».
«La visita a Astiz y a otros represores implica una reivindicación del terrorismo de Estado en nuestro país», sostuvo, y opinó que «a 40 años de la recuperación de la democracia, que la fuerza gobernante reivindique genocidas, hace crujir nuestro estado de derecho y propicia un preocupante contexto de violencia política». Consideró que los diputados que visitaron a Astiz «deben resguardar la democracia».
«Sin embargo, con este acto intentan construir una narrativa negacionista de nuestra historia, cargada de impunidad, que buscar reivindicar a los genocidas, lesionando la vida social y el pacto democrático», enfatizó Macha.
E l abogado Pablo Llonto contó a Contexto que durante el encuentro hablaron una veintena de compañeros y compañeras de organismos, diputados, de la Intersindical de Derechos Humanos, e inclusive de Historias Desobedientes, que reúne a hijos de genocidas.
«Hubo consenso absoluto para dar toda la pelea para que se ponga en marcha el mecanismo de investigación en diputados y, una vez investigado, si hay quorum, sancionar a los seis diputados y diputadas que fueron a esa visita», puntualizó Llonto, abogado querellante en numerosos juicios por delitos de lesa humanidad.
El miércoles está prevista una reunión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja y luego habrá sesión en el recinto.
La visita de diputados libertarios a genocidas se enmarca en una ofensiva del Gobierno negacionista de Milei. En estas semanas se supo públicamente que el 7 de marzo dos enviados del ministro de Defensa de la nación, Luis Petri, se reunieron con otros genocidas alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, entre estos, el otrora capellán de la Policía bonaerense en plena dictadura, Christian Von Wernich; Julio Simón, conocido como el «Turco» Julián; y Athos Renés, suegro del número dos del Ministerio de Defensa, Claudio Pasqualini.
Los dos emisarios de Petri, que a escondidas de la sociedad trabajaban desde marzo en un proyecto para dar por finalizadas las condenas o, como mínimo, lograr el beneficio de la domiciliaria, fueron el subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, Guillermo Madero, y el director nacional de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, abogado Lucas Erbes.
El 15 de marzo, ocho días después de la visita de Erbes y Madero a la UP Nº 34, fueron los diputados libertarios Beltrán Benedit y Alida Ferreyra Ugalde. Benedit fue el organizador de la visita que los diputados libertarios hicieron en julio al mismo penal.
A raíz del escándalo desatado, la diputada libertaria Lourdes Micaela Arrieta –la misma que a fines de mayo fue a una reunión de comisión en Diputados con un patito de plástico en la cabeza y que hace unos días dijo que no conocía a Astiz («porque yo nací en 1993»)– reconoció que está circulando un borrador de un proyecto de ley para moderar la situación de los genocidas condenados con el objetivo de que puedan gozar del beneficio de la domiciliaria.
En la misma línea del Ejecutivo nacional, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja, Sabrina Ajmechet (PRO), se negó a reunirse con organismos de derechos humanos con motivo del encuentro entre diputados de LLA y genocidas.
Sin embargo, fuentes cercanas al encuentro del martes indicaron que alguna medida contra los diputados libertarios podría prosperar. «Se dieron cuenta de que midieron mal políticamente» el momento para hacer semejante visita.
Preocupación frente a hechos de violencia política
El encuentro entre organismos de derechos humanos y diputados nacionales se produjo al día siguiente de que se conociera públicamente el asesinato de Susana Beatriz Montoya, ocurrido el viernes pasado. Montoya, jubilada de 74 años, era la madre de un integrante de la organización HIJOS de Córdoba y viuda de Ricardo Fermín Albareda, militante del PRT-ERP y subcomisario de la Policía de Córdoba, secuestrado y desaparecido en septiembre de 1979. Albareda tenía 37 años y estuvo secuestrado en el ex centro clandestino conocido como Casa de Hidráulica.
En la casa de la mujer aparecieron pintadas con amenazas: «Los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos». Uno de sus hijos, Fernando, ya había sido intimidado en diciembre pasado, cuando en la puerta de su casa encontró carteles con frases amenazantes y cruces esvásticas clavados con balas.
«Los discursos de odio que permanentemente circulan en nuestra sociedad son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción. ¡Ya dijimos NUNCA MAS!», afirmaron este lunes en un comunicado organismos de derechos humanos de Córdoba, entre los que se destaca HIJOS.
