El caso de un chico de diecisiete años detenido y torturado con una picana por la policía en una comisaría de la ciudad de La Plata provocó un escándalo institucional, y el gobierno de la provincia ahora exige la detención de los dos efectivos involucrados. Tras lograr el cambio de carátula de la causa a «Tortura», ahora exigen que se tomen las acciones correspondientes sobre los ahora procesados.
Los hechos ocurrieron el domingo 26. El chico fue detenido luego de una breve persecución y golpeado a culatazos. Según el relato brindado en la audiencia con el fiscal, el adolescente fue abordado por efectivos del Comando de Patrullas y trasladado a la Comisaría 6ta de La Plata.
En ese marco, pudo relatar de manera rigurosa haber recibido «descargas eléctricas a través de una picana con la que se lo torturó en reiteradas oportunidades», con el objetivo de lograr la confesión de un delito y la delación de otras personas.
«Estamos trabajando desde la Subsecretaría de Derechos Humanos junto al programa de Niñez y Adolescencia para que se detenga a estos dos efectivos. Hay un video que da cuenta de un hecho de tortura para que se dé lugar a una investigación eficaz. Eso permitió que nos dejen participar de la audiencia que se llevó a cabo. A partir del relato de la víctima, que es muy claro, se pueden corroborar los hechos de tortura», dijo a Contexto Ignacio Álvarez, titular de Políticas contra la Violencia Institucional de la Provincia, respecto de la causa que figuraba como «Apremios ilegales y vejaciones».
Tal como contó la víctima, las torturas comenzaron durante el traslado a la comisaría, continuaron en la dependencia policial, se repitieron durante dos traslados en los que fue llevado al cuerpo médico policial y a la Defensoría Pública. El adolescente relató que en todo momento estuvieron presentes los uniformados, lo que le impidió denunciar lo que estaba ocurriendo.
«Este tipo de prácticas nos recuerda a momentos históricos terribles en nuestro país. Por eso tenemos en claro que rápidamente se tenía que no solo caratular como tortura y pedir la detención, sino que se debe orientar la investigación por tortura a principios que están en los tratados internacionales. Con la minuciosidad que deben tener las pruebas y obviamente con el desligamiento de la policía que debe haber en cada medida de prueba», agregó Alvarez.
Ambos policías están procesados y uno se encuentra desafectado de la fuerza bonaerense. Del segundo involucrado todavía no se conoce el resultado del pedido de detención. Mientras tanto, ya que los efectivos aún se encuentran libres, desde la Subsecretaría se demandó que se interponga un recurso de custodia de fuerzas federales en base al trabajo de articulación entre las carteras de Seguridad tanto de provincia como de nación.
«En este caso particular, nuestra preocupación es que se trata de un chico, la presencia de una picana, y que fue llevado a una comisaría. Se le vulneraron sus derechos de niño, de adolescente, y eso no puede ocurrir. En una provincia para todos y todas no hay margen ni lugar para la violencia institucional», fueron las palabras del titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Matías Moreno.
«Ante los casos de violencia institucional nuestra preocupación es el rápido y eficaz esclarecimiento de los hechos. Cuando asumimos, creamos la Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional porque el gobierno bonaerense tomó la decisión política de intervenir, acompañar a las víctimas y articular con los organismos del Estado y las organizaciones territoriales para trabajar en el camino de erradicar esta problemática que es una deuda de la democracia», agregó Moreno.
