Diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron un proyecto de resolución para interpelar al secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, con el objetivo de que brinde un informe detallado respecto al desfinanciamiento y el ajuste que viene aplicando el Gobierno nacional en la educación pública.
“El recorte del presupuesto educativo tiene graves consecuencias en la inclusión y calidad educativa”, advirtieron en el texto que encabezó la diputada entrerriana Blanca Osuna y que fue acompañado con la firma de Hugo Yasky, Itaí Hagman, Lorena Pokoik, Andrea Freites, Roxana Monzón, Mónica Macha, Pablo Carro, Nilda Moyano, Nancy Sand, Micaela Morán, Martín Aveiro, Constanza Alonso y Ana María Ianni.
“Entre diciembre de 2023 y lo que se proyecta para 2025 la caída del presupuesto es del 38%”, puntualizaron en los fundamentos. “El 76% de las 60.000 escuelas de nuestro país son de gestión estatal y tanto la Ley 26.206 como la Constitución Nacional responsabilizan al Estado Nacional, ese que Milei, cual topo, quiere destruir desde adentro, de garantizar el derecho a la educación”, remarcaron.
El recorte al Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) fue otro de los puntos que señalaron los legisladores, ajuste que «redujo los salarios docentes en un 8%». El FONID fue creado en 1998 como un aporte del Estado nacional que complementaba los salarios de docentes de nivel inicial y medio en todo el país, representando alrededor de un 10% del sueldo según la provincia. En marzo de 2024, Milei oficializó su eliminación mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024, medida que generó un fuerte rechazo sindical y profundizó las tensiones entre el gobierno nacional y las provincias en materia educativa.
Además, los diputados cuestionaron que el Gobierno “no resuelve la convocatoria a paritaria docente» y criticaron que la resolución 381/2025 define de “manera unilateral” el salario mínimo en 500 mil pesos para un maestro de grado. Esa suma fue rechazada por los gremios docentes nacionales que pedían una nueva convocatoria a la paritaria federal, cuya realización está establecida por la Ley de Financiamiento Educativo (N° 26.075) como mecanismo obligatorio de negociación entre el Estado y los sindicatos del sector.
Por otro lado, los legisladores de Unión por la Patria anticiparon que “el funcionamiento de las universidades hoy está en peligro”, luego de que las casas de estudio públicas de todo el país adhirieron al paro general de la CGT contra el Gobierno nacional. Las universidades están funcionando con un presupuesto prorrogado y con salarios para docentes y Nodocences que han perdido más del 30% de su poder adquisitivo, denunciaron los sindicatos universitarios.
“La desfinanciación y la retirada del Estado nacional como garante a la educación representa un gran retroceso sobre el derecho social a la educación e incumple con el artículo 14 de la Constitución Nacional, donde se establece el derecho a enseñar y aprender de todos los habitantes de la nación argentina”, concluyeron.
