Por Gabriela Calotti
A la espera de la sentencia que se conocerá el viernes 31 de marzo a las 12 hs, la fiscal Rosalía Sánchez y los abogados de Mirna Gómez, pareja de Andrés Núñez cuando fue secuestrado la noche del 27 al 28 de septiembre de 1990 por una “patota de la Brigada” de Investigaciones de la Policía bonaerense, expusieron el miércoles sus alegatos en el marco de uno de los casos más emblemáticos de violencia institucional y gatillo fácil de los años noventa. También expuso el abogado defensor.
La fiscal pidió reclusión perpetua, condena que no le permite obtener ningún beneficio penitenciario, contra el ex subcomisario Luis Raúl Ponce, de 65 años, presente durante los tres días del juicio que tuvo lugar ante el tribunal de la Sala II de la Cámara Penal integrado por los jueces Raúl Delbés, María Oyhamburu y Claudio Bernard en los tribunales platenses.
Durante su alegato de más de dos horas, la fiscal reconstruyó todo lo que pasó hace veintiséis años partiendo del testimonio de David Guevara, que por entonces tenía dieciséis años y que fue secuestrado el mismo día que Núñez, a quien conocía de jugar al fútbol, y llevado a esa dependencia policial. Guevara fue golpeado y sometido a la tortura conocida como “submarino seco”, de forma alternada con Núñez por orden de Ponce, quien también ordenó el operativo para hacer desaparecer el cuerpo que los mismos policías enterraron y quemaron en un campo de General Belgrano, pertenenciente a un pariente de otro de los policías integrante de dicha “patota” policial, Pablo Martín Gerez, prófugo de la Justicia.
Sánchez se valió igualmente de los testimonios de los policías que integraban ese grupo operativo, el ex cabo Víctor Dos Santos y el ex sargento Alfredo González, condenados a perpetua en 2011 en el primer juicio por Andrés Núñez. La fiscal recordó también el testimonio de la ex esposa del ex suboficial Daniel Ramos, que era víctima de violencia de género.
“Esa madrugada su marido llegó a su casa y le dijo ‘se nos quedó uno’. ‘Se nos fue de máquina’”, le confesó y le dijo que él también tenía que desaparecer. La señora Visconti aseguró que su marido le dijo que se trataba de Andrés Núñez, pero evitaba preguntar para que no la golpeara.
En su relato, la fiscal recordó inclusive la alteración de los libros de guardia de la Brigada para que no quedara constancia del paso de Núñez por allí.
“Estamos frente a gravísimas violaciones a los derechos humanos en democracia”, sostuvo uno de los abogados de la querella de Mirna Gómez al iniciar su alegato, durante el cual denunció el “pacto de silencio pergeñado por el aquí imputado, sumado a la protección policial y a la connivencia judicial” para desviar los hechos “que debieron ser aclarados entonces y no veintiséis años después”, sostuvo el letrado Manuel Bouchoux.
“El hecho ha quedado sobradamente probado. La noche del 27 de septiembre de 1990 […] Andrés fue secuestrado y llevado a la Brigada de Investigaciones. Allí fue torturado por los mismos que lo detuvieron y por Luis Raúl Ponce. Los tormentos físicos le causaron la muerte. Y para esconder los hechos lo llevaron a un campo […] donde fueron quemados sus restos y sus pertenencias”.
“Ponce era el jefe del grupo”, sostuvo Bouchoux. “Fue una de las personas que lo golpeó y torturó en la Brigada de Investigaciones, asfixiándolo con una bolsa de nylon mientras lo golpeaban, al igual que hicieron con Guevara”, uno de los principales testigos del juicio.
El letrado precisó que los policías condenados “acreditaron los vínculos entre Ponce y el juez (Amílcar Vara)”, magistrado que por otra parte fue destituido por este caso y por otros similares, como el de Miguel Bru, el estudiante de periodismo desaparecido en 1992 cuyo cuerpo nunca fue hallado y por el que fueron condenados a perpetua varios ex policías bonaerenses.
Bouchoux aseguró que “después de los hechos Gerez, Ramos y González cambiaron su fisonomía” y subrayó que “Ponce no pudo justificar en este juicio por qué se mantuvo prófugo” durante veintidós años.
Al igual que el Ministerio Público, la querella pidió reclusión perpetua con agravantes como co-autor funcional porque dio las directivas para secuestrar y torturar a Andrés Núñez y usó la modalidad de la dictadura de valerse del aparato estatal para torturar y hacer desaparecer el cuerpo.
El abogado pidió que se exhorte a los Ministerios de Seguridad y de Justicia para reactivar la búsqueda de Gerez.
Alegato del defensor de Ponce
Con su defendido de brazos cruzados sentado detrás, el abogado Oscar Salas pidió la absolución de Ponce por prescripción de la acción y reivindicó la “más absoluta inocencia” del ex policía.
“Pido la absolución por la falta de responsabilidad de Ponce en el ilícito”, afirmó el abogado, para quien durante “todo este proceso se sucedieron los disparates”. Alegó el “estado de indefensión de Ponce” y consideró que su defendido “era el número puesto” para “cargar sobre sus hombros” con la muerte de Núñez.
“Ponce no estaba en la Brigada. Estaba en Punta Lara”, sostuvo, para más tarde afirmar que Ponce había llegado a la Brigada a las cuatro de la mañana y decir, con liviandad, que la “macana se la habían mandado” los otros policías.
Con un vocabulario que buscó minimizar los delitos cometidos por los policías del grupo de tareas, el abogado llegó a decir que durante el allanamiento en la casa de Núñez los policías hicieron “cosas feas”, y aseguró que su defendido “le tenía miedo al juez Vara y a su jefe”.
Por eso “no le quedó otro remedio que irse”, dijo Salas, que en ningún momento habló de fuga de la Justicia o de prófugo ni tampoco del cambio de identidad de Ponce durante veintidós años. El abogado apeló al “principio de la duda”. Pero la Fiscalía le retrucó el pedido de prescripción, la indefensión y el uso de otro apellido para permanecer prófugo. La querella también rechazó los argumentos del abogado del policía.
Al final de sus alegatos, la fiscal reconoció que “la Justicia es lenta”, pero reclamó “basta de impunidad”, y la querella sostuvo que “es necesario que se haga justicia. Esperamos un veredicto condenatorio. Reclusión e inhabilitación perpetua”, enfatizó Bouchoux.
El primer alegato fue presentado ante una sala casi vacía. La audiencia comenzó pasadas las 9:30, cuando había sido anunciada a las 10 hs. La Policía impidió la entrada de la prensa. Al parecer los jueces no estaban enterados de que había periodistas e integrantes de organizaciones como el Colectivo contra el Gatillo Fácil que no pudieron asistir a la primera parte de este juicio supuestamente público.
Veintiséis años después del secuestro y asesinato de Andrés Núñez, un albañil de Villa Elvira cuya pasión era jugar al fútbol, el ex subcomisario Ponce sólo se limitó a responder con un “no, nada, nada”, cuando el presidente del tribunal le preguntó si quería hacer uso de su derecho a la última palabra. Derecho que Andrés Núñez no tuvo.
Ponce pidió el miércoles no estar en la sala cuando se conozca la sentencia.
